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Reglamento para el Procedimiento de Cobros Tributos Municipales en el Canton de Goicoechea PDF Imprimir Correo electrónico
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
El Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea en sesión ordinaria Nº 46-11, celebrada el día 14 de noviembre de 2011, Artículo 35º, por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra) aprobó Dictamen Nº 159-11 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se aprueba:
REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO
DE COBRO TRIBUTOS MUNICIPALES
EN EL CANTÓN DE GOICOECHEA
El Concejo Municipal de Goicoechea con fundamento en lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y en los artículos 69 al 78 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, dicta el presente Reglamento para el Procedimiento de Cobro de Tributos Municipales en el Cantón de Goicoechea.
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1º—El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regularán el cobro administrativo y judicial de las cuentas vencidas por concepto de tributos municipales, que se le adeuden a la Municipalidad de Goicoechea; sus disposiciones serán de aplicación obligatoria para el Departamento encargado del cobro en la municipalidad.
Artículo 2º—Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:
a.  Reglamento: El reglamento para el procedimiento de cobro administrativo de la Municipalidad de Goicoechea.
b.  Municipalidad: La Municipalidad de Goicoechea.
c.  Abogados: Los profesionales en derecho que laboren para la Municipalidad de Goicoechea, efectuando gestiones de cobro judicial.
d.  Oficina de Cobros: Es la unidad administrativa encargada de realizar y coordinar todas las gestiones de cobranza, administrativas o judiciales de la municipalidad.
e.  Cuentas Vencidas: Son los créditos (montos exigibles de plazo vencido), a favor de la Municipalidad por concepto de tributos municipales, cánones y arrendamientos.
f.   Contribuyente: Es la persona física o jurídica obligada a pagar tributos a la municipalidad, derivados de impuestos, tasas, tarifas, precios y cualquier otro que se genere.
Artículo 3º—Todas las gestiones de cobro que sobre sus cuentas lleve la Municipalidad se regirán por las disposiciones del presente Reglamento, el cual rige desde el momento de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
CAPÍTULO 2
Organización y Funcionamiento
de la Oficina encargada de Cobro
Artículo 4º—Ubicación y atribuciones de la Oficina de Cobro. Esta oficina forma parte de la Dirección Administrativa-Financiera; tendrá como atribuciones el realizar el cobro en forma oportuna, crear y poner en práctica los mecanismos, diseñar o variar los procesos y establecer los controles necesarios para hacer efectivo el cobro y el correspondiente pago de las cuentas morosas, tanto las administrativas como las judiciales.
Artículo 5º—Definición de cobro administrativo. Se entenderá por cobro administrativo todas las acciones que se realizan por cuenta de la municipalidad, con el objetivo de cumplir con los calendarios de pago que garanticen la cancelación oportuna de las cuentas de los contribuyentes, las cuales iniciarán 8 días después de vencidos, completándose a los 30 días la gestión de cobro completa.
Artículo 6º—Definición de Cobro Judicial. Por cobro judicial se debe entender aquellas gestiones que se realicen en el ámbito judicial con el objetivo de recuperar las cuentas atrasadas mayores de 90 días.
Artículo 7º—Sujeto Activo y Pasivo en el Cobro de Tributos. La municipalidad es el sujeto activo en el cobro de los tributos, mientras que el o los contribuyentes serán el sujeto pasivo de los mismos.
Artículo 8º—Para el cumplimiento de sus objetivos, la unidad administrativa encargada del cobro de esta Municipalidad se encargará de:
a.  Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas.
b.  Preparar y remitir la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad a los abogados designados formalmente por la Municipalidad para que tramiten los procedimientos de cobro en la vía judicial.
Artículo 9º—No obstante lo anterior, la dirección y el control, tanto de las acciones administrativas internas, como de las gestiones de cobro judicial estarán a cargo de la unidad administrativa municipal encargada del cobro.
Artículo 10.—A la unidad administrativa encargada del cobro le corresponde ejercer control de la labor realizada por todos los abogados de la Municipalidad, mediante el siguiente procedimiento:
a.  Mediante la revisión de los informes mensuales que deberán rendir los abogados de acuerdo con lo que establece este Reglamento.
b.  Mediante requerimiento escrito a los abogados sobre el avance de cada proceso o de alguna gestión en particular, de cualquier cuenta que se encuentre en gestión judicial.
c.  Los servidores de la unidad administrativa encargada del cobro deberán informar a su jefe inmediato de cualquier anomalía o irregularidad observada en el desempeño de la labor profesional de los abogados. Lo anterior con el propósito de realizar una investigación, señalar omisiones e irregularidades en el cobro de cuentas atrasadas y si fuera del caso iniciar las acciones correspondientes por su incumplimiento.
En caso de reincidencia o incumplimiento de las indicaciones expresas, la unidad administrativa encargada del cobro comunicará al Alcalde estos casos, con el fin de que se tome una decisión respecto al comportamiento de los abogados.
Artículo 11.—Las gestiones de cobro administrativo se llevarán a cabo por los/as gestores/as de cobro adscritos/as a la oficina de cobro, quienes se encargarán de realizar las notificaciones a los sujetos pasivos de las deudas. Agotadas las gestiones administrativas en la recuperación de las cuentas morosas, la oficina de cobros, previa autorización del director de área, entregará a los abogados, para el proceso de cobro judicial, la documentación necesaria para que inicien los trámites judiciales.
Artículo 12.—La distribución de las cuentas atrasadas a los abogados se hará en forma aleatoria.
Artículo 13.—La unidad administrativa encargada del cobro deberá rendir informes trimestrales al Alcalde Municipal, sobre el estado de las cuentas morosas y sobre las acciones individuales de cada gestión a esa fecha, informe que deberá ser trasladado de igual forma al concejo Municipal para su conocimiento.
CAPÍTULO 3
De los Abogados
Artículo 14.—El abogado que ejerza el cobro deberá excusarse de atender la dirección de un juicio cuando tuviere vínculos de parentesco o prohibición por afinidad con el sujeto pasivo de cobro, situación que comunicará por escrito a los representantes municipales en el término de dos días hábiles.
Artículo 15.—Es prohibido para los abogados hacer cualquier tipo de arreglo indirecto o extrajudicial o recibir pagos o abonos al principal de la deuda. Los honorarios que generen su gestión en atención al proceso de cobro, serán propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, para lo cual deberán emitir recibo oficial al contribuyente e indicar en el mismo un detalle de los costos del proceso.
Artículo 16.—Los abogados de la municipalidad se harán cargo y serán responsables de una cartera de saldos deudores. Datos que deben personalizar e individualizar hasta lograr el pago respectivo. Los resultados de estos procedimientos deben ser informados ante la oficina de cobros para lo cual deben presentar informes de los casos asignados en la forma prevista por este Reglamento y dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Artículo 17.—El abogado que lleve casos concernientes a deudas de los contribuyentes municipales invocará para recuperar las sumas adeudadas, lo dispuesto en el artículo Nº 70 del Código Municipal, para lo cual procederá a realizar gravámenes hipotecarios contra los bienes inmuebles que estén a nombre del sujeto pasivo deudor con la municipalidad.
Artículo 18.—Para el eficaz cumplimiento de sus deberes profesionales el o los abogados deberán realizar las siguientes gestiones:
a.  Presentación de la demanda de cobro judicial, conteniendo las Certificaciones correspondientes, debidamente firmadas por los funcionarios municipales, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de expedidas tales certificaciones; en caso de no hacerse en ese lapso, el abogado enviará una carta explicativa a la oficina de cobros indicando las causas de ese atraso. La presentación de la demanda debe testimoniarse con los sellos y la fecha del juzgado que recibió dichas demandas, requisitos imprescindibles para el cobro de honorarios.
b.  Los abogados quedan obligados a exigir a los tribunales donde se tramitan los casos, que se le sellen y firmen las copias de todos los escritos que se presenten, de los cuales deberá entregar copia a la unidad de cobro administrativo.
c.  Realizar estudios, como mínimo una vez al mes, en los procesos que estén bajo su dirección y solicitar cuando exista sentencia firme la orden de giro correspondiente. Una vez dictada la sentencia previa y en plazo no mayor de quince días naturales deberá presentar al tribunal respectivo la liquidación de costas procesales.
d.  En el escrito inicial de la demanda se señalará el perímetro y la sede para recibir notificaciones, el cual debe ser la unidad de cobro administrativo de la Municipalidad de Goicoechea.
Artículo 19.—Para efectos de determinar si los juicios se encuentran al día, la unidad administrativa encargada del control de cobro revisará periódicamente, el numero de expedientes y registros que considere necesarios de operaciones entregadas a cada abogado, tomando como base la documentación en poder de la unidad de cobro.
Artículo 20.—En caso de incumplimiento de deberes, negligencia, impericia, falta de atención o de interés atribuibles al personal profesional y que lleve a la pérdida de saldos deudores, dará justificante a los funcionarios municipales para plantear las denuncias judiciales ante la fiscalía del Colegio de Abogados de Costa Rica o ante las instancias judiciales competentes, asimismo a la Administración Municipal.
Artículo 21.—No se contratará nuevamente para realizar funciones de cobro judicial a aquellos abogados que hayan incurrido en omisiones importantes tipificadas en el artículo anterior, los cuales lleven a la perdida de recursos por saldos deudores.
Artículo 22.—Los honorarios profesionales derivados de las deudas con la municipalidad se calcularán de acuerdo con el monto de las sumas pendientes de pago así como aquellas referencias emanadas en aranceles, tablas y otros aspectos legales establecidos por el Colegio de Abogados de Costa Rica.
Este cálculo de honorarios se planteará y estimará en el pliego de demandas contra el sujeto deudor de la municipalidad.
Artículo 23.—En caso de que el contribuyente considere que el cobro de honorarios por parte de la Municipalidad no es conforme a la normativa, presentará el reclamo al Jefe del Departamento de Cobro para que revise el Director Jurídico, sea a favor o contra la decisión del cobro, se notificará al contribuyente y al Abogado respectivo. De mantenerse la discrepancia entre ambas partes, los honorarios respectivos serán fijados por la instancia judicial correspondiente.
CAPÍTULO 4
De los Arreglos de Pago
Artículo 24.—Entiéndase por arreglo de pago el compromiso que asume el o la contribuyente moroso con la Municipalidad de cancelar las sumas adeudadas a la municipalidad en un tiempo perentorio, de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento.
Los arreglos de pago se considerarán si han sobrevenido circunstancias que tornen difícil el cumplimiento normal de la obligación. La municipalidad podrá autorizar un arreglo de pago que garantice la recuperación de los saldos adeudados.
Artículo 25.—Para la formalización de los arreglos de pago, deberá seguirse el procedimiento que se detalla a continuación:
El o la contribuyente deberá llenar el formulario de solicitud que para tal efecto se le entregará en la Plataforma de Servicios o en la Oficina de Cobro y Patentes.
El funcionario/a de la plataforma de servicios o el oficial/auxiliar del departamento de cobro y patentes recibirá la solicitud por escrito y firmada por el contribuyente inscrito, para arreglo de pago.
De conformidad con las directrices avaladas por la Administración y comunicadas al Jefe del departamento de cobro y patentes, cuando el plazo solicitado sea igual o inferior a seis meses, el funcionario/a de la plataforma de servicios o el oficial/auxiliar del departamento de cobro y patentes procederá a la formalización del arreglo de pago y a su inclusión en el sistema de cómputo.
Cuando el plazo solicitado sea mayor a seis meses, el funcionario/a de la plataforma de servicios o el oficial/auxiliar del departamento de cobro y patentes, procederá a solicitar el visto bueno de la jefatura de cobro y patentes o en su ausencia de las asistentes.
Una vez obtenido el visto bueno, el funcionario/a de la plataforma de servicios o el oficial/auxiliar del departamento de cobro y patentes procederá a la formalización del arreglo de pago y a su inclusión en el sistema de cómputo.
La jefatura de la plataforma de servicios emitirá un informe diario de los arreglos de pago y lo remitirá a la asistente de cobro para el control de los pagos.
Artículo 26.—La sumatoria de los montos atrasados más las nuevas deudas, dividido entre el plazo otorgado, constituirá la cuota a pagar por contribuyente. En el caso de que el contribuyente moroso incumpliere el compromiso adquirido, de tal manera que se acumulen dos o más cuotas, la Municipalidad podrá proceder de inmediato a tramitar el cobro judicial, previo cargo de los costos por concepto de gastos administrativos, los cuales se calcularán con base en el costo de las gestiones realizada para la localización del contribuyente y la notificación de la deuda, a saber, llamadas telefónicas, telegramas, avisos de cobro y otros.
CAPÍTULO 5
De la Determinación y Suspensión de la Acción Judicial
Artículo 27.—Una vez que el cobro judicial ha sido iniciado, sólo podrá darse por terminado o suspendido el juicio por el pago total de la suma adecuada a la municipalidad incluyendo las costas de juicio y cualquier otro gasto generado por tal acción.
CAPÍTULO 6
De la Prescripción
Artículo 28.—La prescripción es la forma de extinción de la obligación que surge como consecuencia de la inactividad del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes en ejercicio de la acción de gestión de cobro que corresponda.
En el caso de los tributos municipales, el plazo de prescripción es de cinco años, de conformidad con el artículo 73 del Código Municipal, Ley Nº 7794. En el caso de la prescripción del cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 7509. En ambos casos los plazos empiezan a contar a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que el tributo se debe pagar.
Artículo 29.—La declaratoria de prescripción únicamente procederá a petición del sujeto pasivo ante la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, la cual para emitir la resolución administrativa debe revisar el expediente que debe conformarse una vez iniciada la gestión de cobro administrativo, donde debe constar las copias de notificación, avisos, comprobantes de fax u otros comprobantes de los medios utilizados para la gestión de cobro, mismos que deberán estar debidamente foliados.
Artículo 30.—Una vez revisada la documentación presentada y la existente en el Departamento de Cobro Licencias y Patentes, se emitirá por la Jefatura de esa unidad administrativa la resolución administrativa fundamentada que declare con lugar o no la prescripción de lo adeudado. En caso de ser favorable la resolución de prescripción, la Jefatura del Departamento de Cobro Licencia y Patentes, ordenará la inclusión de la resolución en el expediente respectivo y la confección del cambio de cargos correspondiente para aplicar en el sistema de cómputo, conforme la normativa y disposiciones vigentes en esa materia, con el aval de la Dirección Jurídica de este Municipio.
En caso de ser negativa la resolución para el sujeto pasivo, se debe indicar en la resolución las instancias de alzada que dispone y los plazos para presentar su acción señalando la base legal de la misma.
Artículo 31.—En caso de ser favorable la resolución de prescripción al sujeto pasivo, el Director Administrativo Financiero debe elevar solicitud a la Alcaldía Municipal para que se ordene la realización del debido proceso, conforme se establece en la Ley General de Administración Pública, II Libro, con la finalidad de determinar la posible responsabilidad de los involucrados en la gestión de cobro, tanto administrativa como civilmente, por la suma que se prescribe, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 73 del Código Municipal, Ley Nº 7794.
En caso de resolverse la responsabilidad de algún funcionario y emitido el acto final del proceso seguido y comunicado el mismo a la Dirección Administrativa Financiera, corresponderá a esta definir el periodo de pago de la deuda o la deducción de salario, la cual debe estar en un rango no mayor a 24 meses, para la cancelación de la suma total que se prescriba.
CAPÍTULO 7
Otros medios de extinción de la obligación tributaria
Artículo 32.—Aparte de lo expuesto en el capítulo 6, la obligación tributaria se extingue solamente por los siguientes medios:
a)  Pago
b)  Compensación
c)  Confusión
d)  Condonación o remisión
Artículo 33.—La definición de cada uno de los conceptos anteriores y su aplicación es conforme consta en la Ley Nº 4755, emitida el 29 de abril de 1971 y sus reformas, que consta en el artículo 36 al 50 de ese cuerpo normativo, el cual es suficientemente claro y amplio en el desarrollo de concepto y procedimiento de aplicación de los mismos. Motivo por el cual en este Reglamento se define que las resoluciones por emitir para esos conceptos corresponde a la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, con copia a la Alcaldía Municipal y la Dirección Administrativa Financiera para lo pertinente a cada una.
CAPÍTULO 8
De las devoluciones o acreditaciones de tributos
Artículo 34.—En los casos anteriores donde el contribuyente ha cancelado oportunamente su obligación y se determine con posterioridad la existencia de incongruencia en el cobro o en su defecto que no se realizará un proyecto de construcción, entre otros, requiriéndose la devolución o acreditación de tributos cancelados se procederá conforme reza el siguiente articulado de este capítulo.
Artículo 35.—El contribuyente que requiera la devolución de dineros, debe presentar solicitud formal ante la jefatura de la unidad responsable del cobro tributario, el cual analizando y verificando la realización de pago, emitirá resolución fundamentada avalando la devolución de dineros, con señalamiento del monto, hacia el responsable de la Dirección Administrativa Financiera.
El responsable de la Dirección Administrativa Financiera, revisará y valorará la información aportada y de encontrarse de conformidad resolverá de la siguiente forma:
a)  De corresponder la devolución a dineros cancelados en el mismo Ejercicio Presupuestario, ordenará la confección de nómina de pago con afectación al código de ingreso, lo cual será por resolución fundamentada y avalada por el Alcalde Municipal.
b)  En caso de que los dineros que se requieran correspondan a periodos anteriores al Ejercicio Económico en trámite, se emitirá resolución fundamentada solicitando al Alcalde Municipal elevar al Concejo Municipal la solicitud de aprobación en la partida presupuestaria dispuesta para estos fines.
El Concejo Municipal dispondrá de 10 días hábiles para resolver la solicitud presentada, una vez puesta en su conocimiento.
Con el acuerdo del Concejo Municipal aprobando la devolución respectiva, el Alcalde Municipal lo trasladará a la Dirección Administrativa para el trámite de nómina de pago establecido y comunicación de lo resuelto.
Artículo 36.—El Contribuyente que requiera la acreditación de dineros cancelados, debe presentar solicitud formal ante la jefatura de la unidad responsable del cobro de tributo, e cual analizando y verificando la realización del pago, emitirá resolución fundamentada avalando la acreditación de los mismos e indicando las cuentas donde se reflejaría el crédito o cancelación de deuda vigente con la Municipalidad y la situación que se arrojaría respecto a los tributos municipales, hacia el responsable de la Dirección Administrativa Financiera.
El responsable de la Dirección Administrativa Financiera, evaluando la información aportada, emitirá resolución hacia la unidad correspondiente para que se le aplique lo recomendado formalmente al contribuyente lo resuelto.
CAPÍTULO 9
Disposiciones finales
Artículo 37.—A las materias que son objeto del presente Reglamento, resultan aplicables las disposiciones contenidas sobre las mismas en el Código Municipal, el Código Procesal Civil, la Ley General de la Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y normas conexas y el decreto de aranceles profesionales para abogados, así como cualquier otra norma que guarde relación con este Reglamento.
El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Departamento de Secretaría.—Zahyra Artavia Blanco, Jefa.—1 vez.—(IN2011099426).
El Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, en sesión ordinaria Nº 46-11, celebrada el día 14 de noviembre de 2011, artículo 34, por unanimidad aprobó Dictamen Nº 158-11 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se aprueba:
REGLAMENTO JUNTA ADMINISTRATIVA
DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1º—Objeto. El presente Reglamento regula las relaciones entre la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea y los arrendatarios de fosas, bóvedas o mausoleos y de nichos, existentes en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor, también aquellos otros que se administren a futuro.
Artículo 2º—Definiciones funcionales. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)  Junta: La Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea.
b)  Arrendatario: Persona física o jurídica, a cuyo nombre se encuentre inscrito un derecho de arrendamiento de una parcela en uno de los cementerios.
c)  Beneficiario: Es la persona o personas físicas quienes el arrendatario manifieste transferir el derecho de arrendamiento después de su fallecimiento.
d)  Derecho de Arrendamiento: Espacio de terreno o parcela localizada en uno de los cementerios, dado en arrendamiento a una persona física o jurídica por un plazo de noventa y nueve años, donde podrá construir una bóveda o fosa de acuerdo a las dimensiones y estipulaciones establecidas por la Junta.
e)  Nicho: Cavidad para colocar un cadáver.
f)   Tapa: Sello de un nicho de una bóveda, fosa o nicho de alquiler.
g)  Destape: Apertura de un nicho de una bóveda, fosa o nicho de alquiler.
h)  Inhumación: La acción de enterrar un cadáver.
i)   Exhumación: Acción de desenterrar un cadáver.
j)   Propietario: Persona física o jurídica, a cuyo nombre se encuentre inscrito un derecho de propiedad de una parcela en uno de los cementerios.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Junta Administrativa
Artículo 3º—
a)  Para la vigilancia, conservación y administración de los cementerios, con base en las disposiciones del Reglamento General de Cementerios y en las del presente Reglamento, el Concejo Municipal designará una Junta Administrativa.
b)  Los miembros de la Junta Administrativa no podrán ser miembros del Concejo Municipal ni tener parentesco con estos ni con el Alcalde hasta un tercer grado de consanguinidad y un segundo grado por afinidad, no podrán ser funcionarios municipales.
La Junta no podrá nombrar personal que tenga parentesco con alguno de sus miembros hasta un tercer grado de consanguinidad y un segundo grado de afinidad.
Artículo 4º—La Junta estará integrada por cinco miembros mayores de 18 años, todos ciudadanos del cantón de Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo. Al menos dos de estos miembros deberán ser mujeres. Este nombramiento lo hará el Concejo Municipal en el mes de diciembre, dentro de los quince días siguientes a la publicación a que se refiere el artículo cinco de este Reglamento y serán juramentados de inmediato, tomando posesión de sus cargos a partir del primero de enero del año siguiente. Durarán en su cargo por un plazo de dos años y podrán ser reelectos en forma consecutiva por una sola ocasión. Desempeñarán sus cargos en forma ad honórem.
Artículo 5º—Para la designación de los miembros de la Junta se seguirá el siguiente procedimiento:
a)  El Concejo Municipal en la primera quincena del mes de noviembre convocará a la ciudadanía a concursar como miembro de la Junta Administrativa a través de una publicación en un medio de comunicación escrito. En la publicación se consignará en forma clara las funciones de la Junta y los requisitos de sus miembros. La fecha límite para la recepción de atestados será el 30 de noviembre.
b)  Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar la Junta. En el caso de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá del requisito de la Hoja de Vida.
c)  Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, hasta tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde.
d)  El nombramiento definitivo lo hará el Concejo Municipal antes del 31 del mes de diciembre previo dictamen favorable de la Comisión de Gobierno y Administración.
Artículo 6º—Una vez juramentados los miembros de la Junta, éstos procederán a la integración de su directorio, el cual estará formado por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocal uno y Vocal dos.
Artículo 7º—La Junta deberá sesionar en forma ordinaria dos veces al mes y en forma extraordinaria cuantas veces fuere necesario, por convocatoria de su Presidente, del Fiscal o de tres de sus miembros. Cuando la convocatoria la promovieren el fiscal o tres miembros de la Junta, la solicitud respectiva deberá presentarse por escrito al Presidente con 24 horas hábiles de antelación respecto de la hora y fecha de su celebración.
Artículo 8º—Los acuerdos de la Junta, se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate el presidente tendrá doble voto.
Artículo 9º—Dejará de pertenecer a la Junta el miembro que faltase sin justa causa a tres sesiones ordinarias consecutivas o a cinco alternas. Una vez acreditada la situación, se le dará audiencia por cinco días hábiles al miembro de que se trate. Si en ese plazo no acreditare la justa causa, la Junta Directiva adoptará el acuerdo para comunicar la cesación al Concejo Municipal, para la sustitución correspondiente.
Artículo 10.—Previa solicitud por escrito, la Junta podrá conceder licencia a uno de sus miembros para que se ausente, hasta por dos meses.
Artículo 11.—En caso que alguno de los miembros de la Junta renunciare, falleciere o dejare de asistir a las sesiones conforme a lo previsto en el artículo 9º, el Presidente en ejercicio lo comunicará en forma inmediata al Concejo Municipal de Goicoechea, para su reposición, utilizando el sistema previsto para el nombramiento.
CAPÍTULO TERCERO
Artículo 12.—Son atribuciones de los miembros de la Junta, entre otras que se derivaren del ordenamiento jurídico, de la lógica y de la conveniencia:
Del Presidente:
a)  Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta
b)  Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones y los contratos de arrendamiento de parcelas.
c)  Firmar mancomunadamente con el Administrador (a) de la Institución los cheques, órdenes de compra y todos los pagos que la Junta acuerde.
d)  Organizar todo lo relativo a los compromisos y actividades de la Junta.
Del Vicepresidente:
a)  Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales. Por ende, tendrá las mismas prerrogativas y facultades conferidas al Presidente.
Del Secretario:
a)  Corresponde al Secretario levantar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
b)  Mantener en debido orden y al día el libro de actas y vigilar que el archivo de correspondencia enviada y recibida se mantenga en orden y al día.
c)  Firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones y los contratos de arrendamiento de parcelas.
d)  Vigilar que la correspondencia sea debidamente despachada.
De los Vocales:
a)  Sustituir en sus ausencias temporales al Vicepresidente y Secretario.
CAPÍTULO CUARTO
De las obligaciones de la Junta
Artículo 13.—Son obligaciones de la Junta:
a)  Velar por la correcta administración de los recursos económicos y materiales, con que cuente la Junta.
b)  Resguardar el buen estado y mantenimiento de los cementerios a su cargo y de sus instalaciones.
c)  Nombrar e integrar las comisiones de trabajo que considere necesarios, para lograr un mayor desempeño en sus funciones.
d)  Contratar el personal tanto ordinario como extraordinario, para cumplir labores administrativas, profesionales, técnicas y de campo necesarias para lograr un eficiente servicio a que están destinados los cementerios a su cargo, considerando lo estipulado en el artículo tercero de este Reglamento.
e)  Velar por el fiel cumplimiento de las normas de construcción de fosas y nichos en los cementerios a su cargo, de conformidad con el presente Reglamento y el Reglamento General de Cementerios.
f)   Mantener formalizados y actualizados los correspondientes planos de los cementerios a su cargo, a fin de que los derechos de arrendamiento y propiedad, sean fácilmente identificados por sector, línea, fosa, y medida, en conjunto con la administración.
g)  Mantener actualizado un registro de arrendamiento y propietarios de parcelas por tomo, folio y asiento en conjunto con la administración.
h)  Hacer que se guarde la debida compostura moral por parte de las personas que frecuenten los cementerios.
i)   Elaborar cada año en el mes de setiembre un presupuesto anual de ingresos y egresos, actualizar el manual descriptivo de funciones de los empleados de la institución velando por el fiel cumplimiento de dicho manual.
j)   Velar por el fiel cumplimiento de este Reglamento y por la aplicación de los manuales elaborados por la administración.
CAPÍTULO QUINTO
De las facultades de la Junta Administrativa
Artículo 14.—Son facultades de la Junta:
a)  Administrar los cementerios que estén a su cargo y fijar las políticas de trabajo correspondientes.
b)  Otorgar mediante contrato, derechos de arrendamiento de parcelas por un plazo de noventa y nueve años y de conformidad a lo estipulado en el presente Reglamento. Los contratos se formalizarán en formularios pre impresos debidamente numerados.
c)  Fijar y actualizar cada año, el valor de los derechos de arrendamiento de parcelas, construcción de bóvedas, nichos de alquiler, derechos de inhumación, exhumación, enchapes, pintura, permiso de placa, cuota de mantenimiento, así como servicios de cremación al habilitarse el mismo. Estos deberán ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta.
d)  Autorizar en forma gratuita los sepelios de personas de escasos recursos económicos, debidamente comprobados.
e)  Construir bóvedas en los Derechos que se otorgan de Arrendamiento así como para su venta.
f)   Construir nichos colectivos para su alquiler.
g)  Dar por finalizado cualquier contrato de arrendamiento y declarar disuelto el mismo, según lo estipulado en el presente Reglamento.
h)  Implementar métodos alternativos para el tratamiento de los cuerpos como la cremación y otros.
CAPÍTULO SEXTO
De los Contratos de Arrendamiento
Artículo 15.—La Junta dará en arrendamiento las parcelas de los cementerios bajo su administración. Dicho arrendamiento será por un plazo de 99 años. Una vez vencido dicho plazo podrá ser prorrogado por una única vez por un plazo igual de años, en donde la Junta Administrativa en su debido momento sea que establezca el monto a cancelar en el momento de expiración del contrato de arriendo (99 años). Si cumplido el plazo de arriendo y el posesor del derecho no desee prorrogar y si existiese una inhumación con menos de cinco años de antigüedad se prorrogará por el plazo restante para lo cual se cobrará solamente la cuota de mantenimiento, al finalizado el plazo la Junta Administrativa podrá disponer del derecho.
Artículo 16.—Para solicitar originariamente un derecho de arrendamiento se requiere ser mayor de edad, no ser adjudicatario de otro u otros derechos de arrendamiento en los Cementerios del Cantón que administre esta Junta.
Artículo 17.—Si el arrendatario se encontrase atrasado con el pago de dos años o más en sus cuotas de mantenimiento, o haya adquirido un derecho de arrendamiento a pagos y esté atrasado en sus compromisos económicos de tres cuotas o más, o que hayan sido apercibidos e instruidos por la Junta por un proceso administrativo. La Junta quedará facultada para dar inicio al procedimiento administrativo para declarar finiquitado el contrato.
Artículo 18.—La Junta Administrativa llevará un registro de cada arrendatario, en donde se indicará el domicilio exacto y otras calidades suministradas por el mismo arrendatario, las cuales se tendrán como domicilio contractual para todos los efectos legales entiéndase fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.
Artículo 19.—Todo arrendatario de parcela deberá pagar anualmente a la Junta, el importe por concepto de mantenimiento y otros que se disponga, los cuales serán fijados por ésta. En caso de mora la Junta establecerá y cobrará anualmente, un interés de Tasa Básica el cual puede ser ajustado cada año.
Artículo 20.—Todo derecho de arrendamiento puede ser cedido a terceras personas, en tanto se cumpla con lo estipulado en el artículo anterior y no existan restos sepultados en él. En caso de existir restos sepultados, solo podrán ser cedidos a ascendientes o descendientes hasta tercer grado de consanguinidad. Toda cesión, para su validez legal, deberá ser formalizada en escritura pública y será remitido a la Junta Directiva para acordar su inscripción.
Artículo 21.—Cuando el poseedor de un derecho de arrendamiento hubiere fallecido sin dejar beneficiarios la Junta Administrativa adjudicará el derecho a quién o quienes resulten ser herederos según resolución de un Juez de la República. En caso de no abrir juicio sucesorio por tratarse del único bien, la Junta podrá adjudicarlo en primer término a hijos del causante que probaren esa circunstancia, con Declaración Jurada emitida ante Notario Público. En ausencia de hijos la Junta adjudicará el derecho a los parientes más cercanos, por consanguinidad, hasta grado tercero, mediante Declaración Jurada emitida ante Notario Público, sin responsabilidad legal para la Junta.
Artículo 22.—La Junta Administrativa queda facultada para dejar sin efecto un derecho de arrendamiento, si su arrendatario se lo desea ceder, por el valor efectivamente pagado por su titular. En caso de que en el derecho de arrendamiento existiesen restos sepultados, la Junta los hará trasladar al osario general, por indicación del vendedor o donde él quiera trasladarlos una vez que cancelen los gastos que esto implique.
Artículo 23.—Ninguna tumba, mausoleo, o derecho de arrendamiento, pueden ser cedidos o vendidos con pacto de retroventa, no son susceptibles de embargo, ni pueden ser dados en garantía, ni gravados en forma alguna.
CAPÍTULO SÉTIMO
Del Fiscal
Artículo 24.—Habrá un fiscal, a cargo de la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta Administrativa, del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de Cementerios, o cualquier otra norma vinculante y del presente Reglamento. El fiscal podrá asistir a las sesiones de la Junta Administrativa, cuando lo estime conveniente, con voz pero sin voto. Cuando sus recomendaciones sean acordes con sus funciones de fiscalización y vigilancia, no sean atendidas por la Junta, deberá informarlo al Concejo Municipal, para lo que éste Órgano considere procedente o prudente disponer.
Artículo 25.—El cargo de fiscal será desempeñado por un (a) vecino (a) del cantón, mayor de 25 años. Su nombramiento y juramentación lo hará directamente el Concejo Municipal, siguiéndose al efecto el mismo procedimiento contemplado para la designación de los miembros de la Junta.
CAPÍTULO OCTAVO
De las construcciones y reparaciones
Artículo 26.—Una vez cancelado el derecho de arrendamiento, su arrendatario, podrá iniciar la construcción de la fosa o bóveda, de conformidad con los lineamientos de la Junta y previa cancelación del correspondiente permiso.
Artículo 27.—Habrán cuatro tipos de construcción de fosas o bóvedas.
a)  Sencilla A: Tendrá un metro diez centímetros de ancho por dos metros treinta centímetros de largo en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, El Redentor, y cualquier otra que se administre en el futuro. Este tipo de construcción será de dos nichos, uno subterráneo y uno en la parte superior.
b)  Sencilla B: Tendrá un metro diez centímetros de ancho por dos metros treinta de largo en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor tendrá un metro setenta centímetros de ancho por dos metros treinta de largo. Este tipo de construcción será de tres nichos, dos subterráneos y uno en la parte superior.
c)  Doble: Tendrá dos metros veinte centímetros de ancho por dos metros treinta centímetros de largo en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor dos metros de ancho, por dos metros treinta centímetros de largo. Este tipo de construcción será de cuatro nichos, dos subterráneos y dos en la parte superior.
d)  Triple: Tendrá tres metros de ancho por dos metros treinta centímetros de largo en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor. Este tipo de construcción tendrá seis nichos, tres subterráneos y tres en la parte superior.
En los cuatro casos, en ambos cementerios, entre cada dos líneas de fosas o bóvedas, existirá un pasillo de dos metros de ancho en donde no se permitirá construir aceras de ninguna especie y a cada costado de las bóvedas, en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, existirá una acera de veinte centímetros en las bóvedas que se construyen a partir de la publicación del presente Reglamento y en el Cementerio El Redentor en cada costado de las bóvedas existirá una acera de cincuenta centímetros, las bóvedas de dos nichos en el Cementerio El Redentor su construcción será en línea de diez bóvedas.
Artículo 28.—Para toda reparación o modificación de una bóveda, fosa en ambos cementerios o construcción de bóveda en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, el arrendatario deberá de contar previamente con el correspondiente permiso otorgado por la Junta, previo estudio de campo y de pago del derecho correspondiente.
Artículo 29.—Cualquier modificación o reparación llevada a cabo sin la correspondiente autorización de la Junta Administrativa, con inobservancia de las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Cementerios y las disposiciones dictadas por la Junta, faculta a ésta a realizar cualquier arreglo o reparación para corregir la irregularidad y a cobrar su costo al arrendatario, más un 50% por daños ocasionados.
Artículo 30.—En el caso de alto grado de deterioro de una bóveda, fosa o nicho, la Junta procederá conforme lo establecido en el Reglamento General de Cementerios, prohibiendo su uso para nuevas inhumaciones, o transcurrido cinco años de la última inhumación ordenará su demolición. Corresponde al arrendatario de las parcelas mantener en buen estado, higiénico y decoroso las construcciones y monumentos erigidos en ellas a su costo, así como el pago de la mano de obra en la reparación, modificación, construcción, o pintura de monumentos, tumbas o lápidas.
Artículo 31.—Se prohíbe colocar sobre las bóvedas, fosas o nichos, jarrones, macetas, floreros u otros recipientes, para la colocación de flores, si éstos no disponen de agujeros adecuados para el apropiado drenaje del agua que pudiere entrar en ellos, para su colocación se requiere un permiso previo de la administración.
Artículo 32.—Las bóvedas, fosas o nichos únicamente podrán ser pintadas en blanco mate o enchapadas en color blanco.
Artículo 33.—Las construcciones, modificaciones o reparaciones, que no se ajusten a lo establecido en el Reglamento General de Cementerios o en el presente Reglamento, podrán ser demolidos por la Junta sin responsabilidad de su parte, previa comunicación por escrito a los interesados al menos en dos ocasiones, si no se atendiera lo solicitado, se comunicará por última vez a través de un diario de circulación nacional.
CAPÍTULO NOVENO
De las Inhumaciones
Artículo 34.—Las inhumaciones deberán ser realizadas por el personal para ello nombrado por la Junta. Únicamente se realizarán inhumaciones en el horario comprendido entre las ocho antes meridiano y las dieciséis horas pasado meridiano. La solicitud del permiso de inhumación, deberá realizarse al menos tres horas de antelación al sepelio correspondiente a fin de realizar la revisión de los registros correspondientes y verificar la existencia de cupo en el nicho asignado.
Artículo 35.—Para toda solicitud de inhumación deberá presentarse a la oficina de la Junta Administrativa, el arrendatario o la persona autorizada según registros de la Junta, para disponer del derecho de arrendamiento en donde se encuentre construida la bóveda respectiva, junto con otro documento que lo acredite, pagará el derecho del servicio de tapa, entregará copia del certificado de defunción de la persona que va a ser sepultada y firmará la correspondiente autorización para abrir la bóveda, fosa o mausoleo. En caso de presentarse un tercero, debe ser mayor de edad, presentar su cédula y una autorización firmada por el dueño del derecho de arrendamiento.
Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a)  Original y copia de cédula de identidad.
b)  El título de arrendamiento si fuere necesario, con el fin de verificar datos en los días feriados en que se encuentren cerradas las oficinas centrales.
c)  Tres copias de certificado de defunción de la persona que va a ser sepultada.
d)  Pagar el monto correspondiente de derecho de tapa
e)  Firmar la boleta de autorización de apertura de bóveda, fosa o mausoleo.
f)   En caso de ser un tercero, además de los requisitos anteriores, deberá presentar una autorización firmada por el propietario del derecho de arrendamiento y copia de la cédula.
g)  Estar al día con todos los compromisos con la Junta.
Artículo 36.—Si un arrendatario siendo único dueño de un derecho de arrendamiento, hubiere fallecido y no existiese en los registros de la Junta persona autorizada para disponer del derecho correspondiente, la autorización de inhumación se otorgará, previamente a quien la solicite, indicando que tiene interés legítimo, demuestre mediante declaración jurada hecha ante notario público y relevando de toda pena y responsabilidad a la Junta.
Artículo 37.—Queda prohibida la inhumación de más de un cadáver en la misma caja, salvo que se tratase de madre e hijo recién nacido, muertos en el acto del parto.
Artículo 38.—En el caso de que en el derecho de arrendamiento en donde se va a sepultar un cadáver existiese solamente un nicho y al hacer la inspección correspondiente, se encontrase en él un cadáver momificado, no se podrá llevar a cabo la inhumación en ese nicho.
Artículo 39.—Queda prohibido el subarriendo de nichos para inhumación, en fosas, bóvedas o mausoleos y solamente la Junta podrá ejercer ese derecho, en los nichos que para ese efecto dispone.
CAPÍTULO DÉCIMO
De las Exhumaciones
Artículo 40.—Las exhumaciones serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras tienen lugar después de haberse cumplido cinco años de haberse realizado la inhumación y no requieren orden o permiso especial, solamente autorización de la Junta Administrativa. Serán consideradas exhumaciones extraordinarias, para ser trasladado a otra sepultura o ser incinerado y cuando los cadáveres sean exhumados por orden de autoridad judicial o por autorización de autoridad sanitaria competente.
Artículo 41.—Para toda exhumación ordinaria es necesario la anuencia del arrendatario de la bóveda, fosa o mausoleo, donde se encuentre el cadáver a ser exhumado salvo en los casos de exhumaciones extraordinarias, que se realicen por orden judicial o bien por orden del Ministerio de Salubridad Pública.
Artículo 42.—Para realizar una exhumación será requisito:
a)  En los casos de traslado de restos en los cementerios que administre la Junta se deberá presentar ante la Junta Administrativa solicitud por escrito debidamente firmada, indicando, nombre y apellidos, fecha de defunción de la persona cuyo restos se requieran exhumar y a donde van a ser trasladados sus restos, el nombre y autorización del arrendatario de la bóveda, fosa o mausoleo, correspondiente.
b)  Adjuntar a la solicitud anterior copia de la cédula de identidad, tanto del arrendatario (a), como del solicitante.
c)  Cancelar ante la Junta Administrativa el importe correspondiente por concepto de exhumación.
d)  Estar al día en el pago de las cuotas de mantenimiento o cualquier otro compromiso con la Junta.
e)  La Junta tendrá un plazo de treinta días naturales para resolver sobre la solicitud planteada.
Artículo 43.—En los casos de traslado de restos fuera del Cantón, además de los anteriores requisitos se requiere la autorización de la Dirección del Área Rectora de Salud.
Artículo 44.—A partir del momento en que los restos de una persona hayan salido del cementerio, la responsabilidad legal de cualquier tipo por su custodia, será asumida por la persona que realizó la solicitud respectiva.
Artículo 45.—En el caso de los nichos de alquiler, una vez vencido el contrato, se otorgará un plazo de 30 días naturales para recibir la solicitud por parte de un familiar directo del difunto de la exhumación de los restos. Una vez transcurrido ese plazo la Junta procederá a realizar su traslado al osario general., en casos especiales justificados a la Junta podrá realizar prorroga hasta por dos años únicamente o en aquellos en que los restos no están en condiciones para ser exhumados, de oficio se procederá con la prórroga correspondiente.
Artículo 46.—Las exhumaciones ordinarias deberán ser efectuadas por empleados de la Junta y dentro de su jornada ordinaria.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
De los Nichos de Alquiler
Artículo 47.—La Junta dispondrá de nichos de alquiler tanto para adultos como para menores de edad, los cuales serán arrendados por un plazo de cinco años. Para su alquiler la Junta deberá tener el espacio correspondiente.
a)  Solicitud, formulada por persona mayor de edad, con tres horas mínimo de antelación al sepelio, suministrará su dirección exacta.
b)  Copia de cédula de identidad.
c)  Copias de la certificación de defunción de la persona que va a ser inhumada.
d)  Cancelar el importe correspondiente del alquiler de nicho.
e)  Firmar contrato de arrendamiento.
Artículo 48.—El plazo del arrendamiento de nichos será de cinco años tanto para adultos como para menores de edad, pudiendo la Junta previa solicitud y cancelación, renovar el contrato de alquiler hasta por dos años más. Cumplido el plazo del arrendamiento, los restos serán trasladados al osario general. Antes de tomar la determinación de enviar los restos al osario general, la Administración comunicará a la persona responsable de los restos al medio que destinó para ser notificado, caso de agotarse este procedimiento, el Administrador (a) será la persona responsable de autorizar el traslado de los restos al osario general, situación que deberá comunicar por escrito a la Junta.
Artículo 49.—Después de transcurrido el periodo de alquiler autorizado o plazo prorrogado el arrendatario contará con treinta días naturales para solicitar la exhumación de los restos. Pasado este plazo y de no haberse recibido solicitud alguna, la Junta procederá al traslado de los restos al osario general sin responsabilidad alguna.
Artículo 50.—Para la inhumación en nichos de alquiler no se permitirán cajas de metal ni cadáveres embalsamados.
Artículo 51.—Los contratos de nichos de alquiler son intransferibles, siendo absolutamente nulo, todo acto o contrato para el traspaso de ese derecho.
Artículo 52.—Si una vez cancelado el arrendamiento de un nicho de alquiler éste no es utilizado en el plazo de treinta días naturales, perderá el derecho sobre el mismo salvo por justificación o mandato judicial.
Artículo 53.—La Junta deberá llevar un registro actualizado de las inhumaciones en nichos de alquiler, consignado el nombre de la persona inhumada y la fecha de inhumación, además nombre de la persona o familiares responsables, con su dirección domiciliaria, teléfono y otras señas o medio de comunicación, la persona arrendante estará obligada a notificar a la Junta el cambio de domicilio o teléfono en su caso.
Artículo 54.—En los nichos de alquiler se permitirá solamente la colocación de una placa, que indique el nombre de la persona inhumada, su fecha de nacimiento y fecha de defunción.
CAPÍTULO DUODÉCIMO
Alquiler de la Capilla de Velación
Artículo 55.—La capilla de velación será alquilada única y exclusivamente para esos servicios.
Artículo 56.—El interesado en utilizar los servicios deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.  Presentar copia de cédula de identidad
2.  Firmar el contrato de arrendamiento
3.  Cancelar en forma previa el monto de alquiler más el depósito de garantía.
El depósito de garantía será devuelto veinticuatro horas después de que concluya el tiempo del contrato, una vez verificado el buen estado del inmueble y su mobiliario.
Artículo 57.—Quienes ingresen a la capilla y a sus alrededores están obligados a mantener el respeto y buen comportamiento. Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas, así como fumar dentro de la capilla, en caso de lo contrario se tomará las medidas correspondientes.
Artículo 58.—Es responsabilidad del arrendante mantener el orden y la limpieza de la capilla tanto durante el tiempo de velación como en el momento de entrega de dicho inmueble.
Artículo 59.—La Administración se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales en caso de daños tanto a las instalaciones de la capilla como del camposanto.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
Disposiciones generales
Artículo 60.—La Junta mantendrá todos sus recursos económicos en cuentas corrientes del Sistema Bancario Nacional.
Artículo 61.—La Junta podrá vender derechos de arrendamiento de parcelas, mediante una prima y abonos mensuales sobre el saldo, fijando un interés sobre los saldos que no supere al establecido por los bancos del sistema Bancario Nacional, para préstamos de vivienda y en su caso el interés moratorio al mismo tipo. Para promocionar esta actividad la Junta podrá utilizar los medios que estime convenientes.
Artículo 62.—Ningún arrendatario de una parcela, podrá usarla, venderla, donarla, o traspasarla, si mantiene deudas pendientes con la Junta, salvo si garantiza a entera satisfacción de ésta lo adeudado.
Artículo 63.—No incurrirá en responsabilidad alguna la Junta, sus miembros o funcionarios, si mediante actuación dolosa de un particular, se efectuase traspaso de derecho de arrendamiento, inhumación o exhumación en contra de lo dispuesto por el Reglamento General de Cementerios y este reglamento.
Artículo 64.—Para el cumplimiento de cualquier disposición de carácter general dictado por la Junta, bastará con colocar el aviso respectivo a la entrada del cementerio u oficina central, salvo que por disposición legal de deba realizar por otro medio. Toda consulta o solicitud que se presente a la Junta debe formularse en forma escrita y ésta tendrá un plazo de diez días hábiles para contestar la gestión. Cuando fuere preciso un plazo adicional para resolver, así se informará al interesado y en todo caso se entiende que la respuesta se producirá dentro de un plazo razonable.
Artículo 65.—Los arrendatarios correrán con los gastos de construcción, reparación, enchape, pintura, embellecimiento de bóveda una vez autorizados por la Junta y cancelados los permisos respectivos.
Artículo 66.—Este Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria anterior.
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Departamento de Secretaría.—Zahyra Artavia Blanco, Jefa.—1 vez.—(IN2011099427).
MUNICIPALIDAD DE ATENAS
REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE
DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y CIERRE
DE LIBROS LEGALES QUE DEBEN LLEVAR LA
MUNICIPALIDAD DE ATENAS Y SUS DEPENDENCIAS
CAPÍTULO PRIMERO
Objetivo, alcance y ámbito de aplicación.
Artículo 1º—Objetivo. Contar con un instrumento que defina los principales procedimientos relacionados con el Proceso de Autorización de Libros legales. Por seguridad jurídica y fortalecimiento del sistema de control interno y riesgos institucionales.
Artículo 2º—Alcance: Este cuerpo normativo regula la autorización de apertura y cierre de los libros contables y de actas que, legal o reglamentariamente, deben llevar las diferentes dependencias municipales y que de acuerdo con el artículo 22, inciso e, de la Ley General de Control Interno es una potestad asignada directamente a la Auditoría Interna, y además en acato a las funciones de la Auditoría Interna correspondiente al servicio de legalización de libros.
Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas, articulo 50, inciso 1) La Auditoría Interna es la encargada de la apertura y cierre de los libros contables y otros legales que deberá llevar la Institución. En este servicio también se encuentra la fiscalización periódica de la efectividad del manejo, control de libros o registros relevantes para el fortalecimiento del control interno.
Artículo 3º—Ámbito de aplicación: Este Reglamento resulta aplicable a todas las dependencias, actuales o que en el futuro se establezcan, que se encuentren, administrativa, jerárquica o legalmente adscritas a la Municipalidad de Atenas.
CAPÍTULO SEGUNDO
Solicitud de autorización de libros
Artículo 4º—Naturaleza de la autorización de apertura de libros. Según lo indicado en el artículo 22, inciso e) de la Ley General de Control Interno, e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor(a) interno(a), sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.
En los casos en que la apertura no sea por primera vez, no implica una revisión o validación respecto al contenido de los libros anteriores, o de las justificaciones dadas por la Administración en caso de robo, hurto, extravío o destrucción de libros o cualquier otro acto semejante.
Artículo 5º—Libros sujetos a la apertura: La razón de apertura deberá tramitarse para los libros de actas, registros y contables que legal o reglamentariamente correspondan, para lo cual cada dependencia solicitante, considerando sus propias particularidades, determinará los libros que debe llevar, así como la forma en que los llevará. Lo anterior, sin perjuicio de aquellos casos en que a criterio del Auditor(a) interno(a), se deba llevar otra clase de libro, si tal medida viene a fortalecer el sistema de control interno.
Artículo 6º—Solicitud de autorización: Cada dependencia que requiera de la razón de apertura de un libro, deberá recurrir a la Oficina de la Auditoría Interna y llenar el formulario denominado “Solicitud Autorización de Libros Legales”, la cual deberá contener al menos, los siguientes datos: fecha de solicitud, tipo y modalidad del libro, uso que se le dará, la cantidad de folios que contiene el libro, la numeración de los folios, el nombre, cargo, número de cédula, oficina y firma del funcionario responsable de la custodia y uso del libro. Deberá presentar el libro a legalizar
Artículo 7º—Requisitos previos a la autorización: El libro que se someta al trámite de apertura, deberá reunir los siguientes requisitos:
a)  Estar nuevo, con la totalidad de sus folios debidamente numerados en forma consecutiva y en buen estado de limpieza y conservación. No se aceptarán libros iniciados.
b)  Tratándose de libros bajo la modalidad de “Hojas Sueltas”, deberá igualmente estar numerado consecutivamente, con la foliatura completa y tener además impreso en cada folio, el logotipo y nombre del departamento.
Artículo 8º—Cantidad de folios. La cantidad de folios (cada página del libro) será la que se estime que permita por un tiempo razonable el uso del libro a autorizar, debiendo ser el último folio un múltiplo de cincuenta, excepto en casos muy calificados y según criterio del auditor(a) interno(a).
Artículo 9º—Rechazo de la gestión de apertura: El incumplimiento de uno o más requisitos detallados en los artículos 6º, 7º y 8º del presente Reglamento, podrá dar lugar, previa valoración de cada caso por parte de la Auditoría Interna, al rechazo de plano de la gestión.
Artículo 10.—Uso de sellos en la apertura: La Auditoría Interna usará para el proceso de apertura de libros al menos dos sellos:
a)  El sello de Auditoría Interna y
b)  El sello de Apertura. El sello de Auditoría Interna puede ser de tipo corriente o blanco y será estampado por la Auditoría Interna en cada folio del libro. En cuanto al sello de apertura, su colocación e información que contiene se dispondrá de acuerdo a lo que señala el artículo 11 del presente Reglamento.
Artículo 11.—Razón de la apertura: El frente del primer folio sea del libro o de los folios (hojas) a legalizar se debe dejar en blanco, para que el Auditor indique la razón de apertura del libro respectivo.
No se podrá realizar la apertura de un libro si antes no se ha llevado a cabo el cierre del tomo anterior, o al menos esté en trámite de empaste.
La razón de apertura que se forma con el sello para tal fin, este hará constar el número de asiento, número de tomo, el tipo de libro que se legaliza, la dependencia que lo utiliza, la cantidad de folios que lo integran, la modalidad del libro, la fecha de apertura y la firma responsable de la autorización.
Artículo 12.—Consecutividad de los libros: Es requisito indispensable para la apertura de un libro, que si existe un tomo anterior, se efectúe primero su razón de cierre, para garantizar la consecutividad cronológica de los hechos registrados y mantener un control adecuado sobre los libros. En caso de la modalidad de “Hojas Sueltas” o reposición del libro, se deberá presentar junto con la solicitud una declaración jurada suscrita por el funcionario que lleva a cabo el trámite, en la que indique bajo su entera responsabilidad que se dio trámite al proceso de encuadernación del libro anterior o que se trata de una reposición del libro por robo, hurto, extravío o destrucción.
Artículo 13.—Plazo para apertura: La Auditoría Interna resolverá la solicitud de apertura de libro en un plazo de diez días hábiles a partir de su presentación.
Artículo 14.—Retiro del libro: Los libros autorizados por la Auditoría Interna, deberán ser retirados por la persona que se encuentre debidamente autorizada para ese fin, o en su defecto podrán ser entregados a un tercero debidamente autorizado por el titular.
CAPÍTULO TERCERO
Ejecución del cierre de libros
Artículo 15.—Solicitud de cierre de libro: La Auditoría Interna suministrará a cada dependencia que requiera de la razón de cierre de un libro, el formulario denominado “Solicitud de Cierre de Libros Legales”, la cual deberá ser presentada junto con el libro a cerrar, conteniendo al menos, los siguientes datos: fecha de solicitud, tipo, modalidad y tomo del libro a cerrar, razón de uso, la cantidad de folios que contiene el libro, la numeración de los folios, el nombre, cargo, número de cédula, oficina y firma del funcionario responsable de la custodia y uso del libro.
Artículo 16.—Libros a cerrar: La Auditoría Interna recibirá para el trámite de la razón de cierre del libro, únicamente aquellos libros que previamente fueron autorizados por la Auditoría Interna, de existir algún libro que en su oportunidad fuera autorizado por la Contraloría General de la República o la Dirección de Tributación o de otro ente, la dependencia que requiera el cierre del libro deberá tramitar tal gestión ante el órgano que corresponda.
Artículo 17.—Cierre de libro en caso de “Hojas Sueltas”: En la razón de cierre de un libro cuando este se compone de “hojas sueltas”, antes la oficina solicitante debe proceder a realizar una adecuada encuadernación del libro, entendiéndose por esta la acción y efecto de unir las hojas mediante cosido o pegado y con sus respectivas cubiertas, debidamente rotuladas.
Artículo 18.—Verificación de la encuadernación y foliación: La Auditoría Interna, previo a emitir la razón de cierre del libro, deberá verificar que no falte ningún folio y que tanto la encuadernación como el foliado del libro no hubieran sufrido alteración alguna. De igual manera, se verificarán aspectos formales del uso del libro, tales como la cronología de las anotaciones, firmas responsables, alteraciones, tachones, borrones, estado de conservación y cualquier otra verificación que la Auditoría Interna estime conveniente.
Artículo 19.—Presentación de irregularidades: Si del proceso de verificación dispuesto en el artículo anterior, se observara alguna irregularidad, la Auditoría Interna deberá requerir información a la dependencia que presentó el trámite, sobre las razones por las que se incurrió en dicha falta, si luego de analizar la situación lo considera conveniente, recomendará al órgano con competencia respectiva la apertura de un procedimiento administrativo que aclare lo sucedido. En estos casos, antes de hacer el cierre, hará la observación de lo sucedido mediante oficio de la Auditoría Interna, las observaciones del cierre del que hará la referencia en el libro, abajo de lo cual se estampará el sello de la Auditoría Interna y firmarán conjuntamente el funcionario de la Auditoría Interna a cargo de la función y un funcionario de la dependencia de que se trate. Lo anterior, formará parte del proceso de cierre de libros de la Auditoría Interna.
Artículo 20.—Trato en Folios anulados: Cuando uno o varios folios se anulen, deberán continuar figurando en el lugar que le corresponde a efecto de no alterar el orden de los folios. En tal sentido, en cada folio que se anule se deberá consignar la siguiente información: a) sello o anotación de anulación, la razón por la que se anula, la fecha en que se anula y la firma responsable del uso del libro.
Artículo 21.—Sello usado en el cierre: La Auditoría Interna usará para el proceso de cierre de libros, un sello, que contendrá al menos la siguiente información: Número de asiento, número de tomo que finaliza, el tipo de libro que se cierra, la dependencia que lo utilizó, la cantidad de folios que lo integran, la modalidad del libro, la fecha de cierre y la firma responsable de la razón de cierre del libro.
Artículo 22.—Ubicación de la razón de cierre: El sello con la razón de cierre del libro se hará inmediatamente después de la ultima anotación del libro, no necesariamente debe estamparse en el último folio del tomo, por cuanto la oficina solicitante puede decidir terminar el libro varios folios antes de finalizarlo, tomando en cuenta que las nuevas anotaciones no sufran un corte abrupto y más bien comiencen en un nuevo libro que se autorice.
La dependencia solicitante si llegase a usar la totalidad de los folios, deberá dejar espacio suficiente para estampar el sello luego de la última anotación efectuada.
Artículo 23.—Nulidad de las acciones subsecuentes al cierre: Se debe entender que el último folio utilizado del libro, es el que tiene estampado el sello de cierre, por lo tanto, carece de validez cualquier acción subsecuente. De igual manera, posterior al cierre del libro por parte de la Auditoría Interna, será totalmente prohibido efectuar cambios en el libro, ya sea en la encuadernación o foliación.
Artículo 24.—Empaste de folios. Los libros deberán enviarse a empastar conforme las disposiciones de Archivo, y pueden considerar características como:
a.  Al lomo: Municipalidad de Atenas, nombre de la unidad, periodo, o actas de la número…… a la ……., tomo número y el año.
b.  Al frente se indica: Municipalidad de Atenas, nombre de la unidad, nombre del libro, periodo (de mes a mes) o actas de la número …… a la …… tomo número y el año.
Artículo 25.—Plazo: La Auditoría Interna resolverá la solicitud de cierre de libro en un plazo de quince días hábiles a partir de su presentación.
CAPÍTULO CUARTO
Controles de libros de la Auditoría Interna
Artículo 25.—Controles de la Auditoría Interna: Para el control de los libros autorizados, la Auditoría Interna deberá llevar los registros necesarios que incorpore la información de cada libro autorizado tanto a nivel general como a nivel individual.
Artículo 26.—Control general de libros: En el control general de libros autorizados, la Auditoría Interna consignará en forma cronológica y consecutiva todos los libros que se reciben y autorizan. Dicho registro contará al menos con la siguiente información:
1.  Número de asiento
2.  Dependencia solicitante
3.  Tipo de libro autorizado
4.  Fecha de recibo y entrega del libro.
Artículo 27.—Control individual de libros: En el control individual de libros, la Auditoría Interna llevará un control de cada tipo de libro, que se actualizará con las respectivas aperturas y cierres que contará al menos con los siguientes datos:
-    Dependencia solicitante
-    Tipo de libro autorizado
-    Número de tomo
-    Fecha de recibo y entrega
-    Número de asiento
-    Fecha del asiento
-    Tipo de solicitud.
CAPÍTULO QUINTO
Reposición de libros autorizados
Artículo 28.—Reposición de libros. En el caso de reposición de libros se realizará de la siguiente manera.
a)  En caso de robo, extravió o destrucción total del libro, el responsable, debe hacer las denuncias ante las autoridades competentes, (presentar ante la Auditoria copia de esta) y la publicación una vez en el Diario Oficial y cualquier otra disposición del Gobierno Municipal. Se deberá presentar cualquier documentación que la Auditoría Interna requiera para su comprobación.
b)  Debe presentar una declaración formal a la Auditoría Interna, detallando lo que sucedió y solicitando la autorización de un nuevo libro.
Artículo 29.—Plazo para resolver: Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para la reposición del libro, la Auditoría Interna contará con un plazo de diez días hábiles para tramitar la solicitud.
Artículo 30.—Traslado del caso a la administración: Una vez concluido el proceso de reposición del libro, la Auditoría Interna trasladará el caso a la Administración Municipal a fin de que se investigue las causas que mediaron en la pérdida o extravío del libro que se presenta para su reposición, para determinar si administrativamente es necesario tomar alguna medida contra el presunto responsable del hecho.
CAPÍTULO SEXTO
Disposiciones finales
Artículo 31.—Archivo del libro después del cierre: Una vez entregado el libro con la razón de cierre por parte de la Auditoría Interna, la dependencia municipal deberá disponer de las condiciones de ubicación física, facilidad de localización y cumplimiento del ordenamiento jurídico que rige en materia archivística, deberán ser custodiados adecuadamente en el Archivo de Gestión correspondiente y ser enviados posteriormente al Archivo Central, de la Municipalidad de Atenas, según lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Archivos.
Artículo 32.—Modificación del Reglamento. El Concejo Municipal según su competencia podrá hacer modificaciones al presente Reglamento, sin embargo dichas modificaciones deberán ser avaladas previamente por el (la)Auditor(a) Interno(a), si las mismas proceden. Así mismo el (la)Auditor(a) Interno(a), podrá proponer las modificaciones que considere oportunas al presente Reglamento las cuales serán elevadas al Concejo Municipal para su debido trámite de aprobación.
Artículo 33.—Vigencia: Este Reglamento rige a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Atenas, 20 de diciembre del 2011.—Yajaira Alvarado Méndez, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2012100160).
MUNICIPALIDAD DE GRECIA
SE ACUERDA:
Dispensar del trámite de comisión el siguiente acuerdo:
Aprobar el Reglamento Municipal a la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. El mismo se detalla a continuación:
REGLAMENTO MUNICIPAL A LA LEY 7476, LEY CONTRA
EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO
Y LA DOCENCIA
El Concejo Municipal de Grecia mediante acuerdo ***-2011 de la sesión ordinaria No. **-2011 de fecha 26 de setiembre del 2011, aprueba someter a consulta pública no vinculante el presente Reglamento Municipal a la Ley 7476, Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.
Considerando:
1º—Que es imperativo legal de conformidad con el ordinal 5 de la Ley Nº 7476 dictar las medidas de prevención que tiendan a desalentar, evitar y sancionar las conductas de hostigamiento sexual, para lo cual la Municipalidad de Grecia mediante la publicación de este reglamento dicta las políticas internas que rigen los procedimientos para las denuncias de hostigamiento sexual y sus eventuales sanciones a las personas hostigadoras, cuando exista causa.
2º—Que este Reglamento se basa en los principios constitucionales del respeto por la libertad y la vida humana, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley, en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
3º—Que el Concejo Municipal de Grecia, mediante acuerdo No. *** de la sesión ordinaria No. ***-2011 de fecha ** de octubre del 2011, aprobó el Reglamento Municipal a la Ley 7476, Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.
4º—Que el Concejo Municipal de Grecia conforme a las potestades conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 inciso c) y 17 inciso a) del Código Municipal, Ley Nº 7794 y el artículo 170 de la Constitución Política, decreta:
REGLAMENTO MUNICIPAL A LA LEY 7476, LEY CONTRA
EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO
Y LA DOCENCIA
Artículo 1º—Para efectos del presente Reglamento se entiende por:
1.  Acoso sexual: Será toda conducta de índole sexual escrita, verbal, no verbal, física o de cualquier forma indeseable por quien la recibe, reiterada o aislada, que afecte de manera sustancial el desempeño en el trabajo de una persona o genere un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
2.  Manifestaciones de acoso sexual: Serán aquellas conductas a que alude el artículo siguiente.
3.  Municipalidad: La Municipalidad de Grecia
4.  Órgano receptor de denuncia: En primer término la Alcaldía Municipal o en su defecto el órgano designado al efecto, el encargado de recibir las denuncias escritas por hostigamiento sexual y tramitarlas de conformidad con la normativa legal y reglamentaria vigente.
5.  Órgano Instructor: Instancia conformada por la Alcaldía Municipal, con un máximo de tres personas, donde una de ellas deberá ser profesional en Derecho.
6.  Persona denunciada: La persona a la que se le atribuye una presunta conducta constitutiva de hostigamiento sexual.
7.  Víctima: La persona que sufre el hostigamiento.
Artículo 2º—Manifestaciones del acoso sexual. El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos:
1.  Requerimientos de favores sexuales que impliquen:
a)  Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura, de empleo o capacitación de quien la reciba;
b)  Amenazas implícitas o expresas, físicas o morales de daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo o capacitación de quien las reciba;
c)  Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o capacitación.
2.  Uso de palabras o envío de mensajes por medios electrónicos o físico, de naturaleza sexual, escritos u orales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivos para quien los reciba.
3.  Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, tales como gestos, miradas o caricias indeseadas y ofensivas para quien las reciba.
Artículo 3º—Ámbito de aplicación. El presente Reglamento regirá para toda la Municipalidad, incluido el Concejo Municipal en pleno, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas, colaboradores municipales, tanto propietarios como interinos, comisiones incluyendo los contratistas y sus empleados y empleadas de éstos.
Artículo 4º—Responsabilidad de la Alcaldía en relación con el acoso sexual.
1.  La Alcaldía tendrá la responsabilidad de mantener y garantizar en la Municipalidad el seguimiento y aplicación del presente cuerpo normativo. Deberá, entre otras medidas comunicar anualmente, en forma escrita y oral, a las jefaturas y comisiones municipales, a los funcionarios y funcionarias y a los contribuyentes la existencia y cumplimiento de la política contra el hostigamiento sexual. Esta política deberá estar al alcance de cada una de las personas que laboran en la institución, dentro de cada unidad de trabajo y en un lugar accesible.
2.  La Alcaldía Municipal deberá asegurar que en las denuncias de hostigamiento sexual se garantice la confidencialidad y sanción a las personas hostigadoras según los criterios existentes en la materia. Este procedimiento deberá ser culminado en un plazo de dos meses contados a partir de la interposición de la denuncia por hostigamiento sexual y, de ser necesario, la Alcaldía podrá ordenar una única prórroga de un plazo igual.
3.  Mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto para quienes laboran en la Municipalidad, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual.
Artículo 5º—Creación de un órgano instructor de la denuncia. La Alcaldía Municipal, una vez recibida la denuncia de acoso sexual, conformará un órgano instructor de un máximo de tres personas, de ser posible con capacitación y sensibilización de género reconocida, en donde uno de sus miembros debe ser profesional en Derecho. Dentro del órgano instructor que valore las denuncias, debe contemplarse el criterio técnico de una persona profesional en psicología que asesorará al órgano, en relación con las declaraciones recibidas dentro del proceso de investigación. Dicho órgano debe respetar los principios que informan el procedimiento de hostigamiento sexual, tales como el debido proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria, así como la confidencialidad y el principio pro víctima, el cual implica que, en caso de duda, se interpretará en favor de la víctima.
Artículo 6º—Competencia del órgano instructor. El órgano instructor tendrá las siguientes competencias:
1.  Instruir las denuncias por hostigamiento sexual.
2.  Informar, en forma inmediata a la Defensoría de los Habitantes de la República, así como a la Dirección Nacional e Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo la interposición de la denuncia sobre acoso u hostigamiento sexual.
3.  Tramitar las denuncias por hostigamiento sexual conforme el procedimiento establecido al efecto.
4.  Recibir las pruebas testimoniales y recabar las demás probanzas ofrecidas por las partes que fueron admitidas.
5.  Solicitar a las oficinas y a cualquier servidor o servidora de la Municipalidad, la colaboración necesaria para concluir la investigación.
6.  Verificar que en la instrucción de la investigación no existan errores u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión.
7.  Recomendar la suspensión temporal del denunciado o denunciada con goce de salario o el traslado de la víctima, de manera que no esté en contacto físico con la persona denunciada.
8.  Elaborar las recomendaciones del caso sometido a su conocimiento.
Artículo 7º—Deber de colaboración de las oficinas municipales y de los servidores y servidoras municipales. Toda oficina, comisión especial o permanente y todo servidor o servidora de la Municipalidad, cuya colaboración sea solicitada por el Órgano Instructor para la investigación de una denuncia por hostigamiento sexual, está en la obligación de prestarla.
Artículo 8º—Presentación de la denuncia. Las denuncias sobre hechos que impliquen acoso u hostigamiento sexual se plantearán directamente ante la Alcaldía Municipal. En caso de que la denuncia se dirija contra un funcionario o funcionaria de la Alcaldía, la misma se formulará ante la Dirección de Recursos Humanos, quien se encargará de nombrar el órgano que llevará a cabo el proceso de investigación, en un período no mayor de tres días hábiles. La denuncia, necesariamente escrita contendrá:
1.  Nombre y calidades completas de la presunta víctima y nombre del denunciado o denunciada y, de ser posible, sus calidades.
2.  Identificación precisa de la relación laboral e impersonal entre la presunta víctima y el denunciado o denunciada.
3.  Descripción objetiva de todas aquellas situaciones que se pudieran constituir manifestaciones de acoso sexual, con mención aproximada de fecha y testigos.
4.  Enumeración de los hechos de prueba que sirven de apoyo a la denuncia.
5.  Señalamiento de lugar para atender notificaciones.
6.  Lugar y fecha de la denuncia.
7.  Firma de la persona denunciante.
Artículo 9º—La víctima como parte en el proceso. La víctima será expresamente reconocida como parte en el proceso, con todos los derechos inherentes a esta condición, incluyendo la posibilidad por ser asistido por un o una profesional en Derecho, en psicología o cualquier otra disciplina técnica o profesional.
Artículo 10.—En cuanto a la presentación de las pruebas. El o la víctima deberá acompañar con su denuncia toda la prueba documental o testimonial y de cualquier otra naturaleza en la que fundamente su alegato, sin perjuicio de aportar cualquier medio de prueba durante la investigación y antes del dictado de la recomendación final. Durante la audiencia cada testigo será recibido en forma separada, con la sola presencia del Órgano Instructor y de las partes, garantizando que los testimonios se reciban en un ambiente libre de presiones y hostilidades para quienes testifiquen. Las y los testigos serán interrogados por el Órgano Instructor únicamente en relación con los hechos sobre los cuales versa la denuncia.
De sus manifestaciones se levantará o grabará un acta que será firmada, al final, por todas las personas presentes. Si alguna de las personas propuestas como testigo no se hiciere presente a dicha audiencia, se prescindirá de su declaración salvo que el Órgano Instructor lo considere esencial, en cuyo caso se hará un nuevo señalamiento, para dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Para la apreciación de la prueba y determinar que la conducta denunciada constituye hostigamiento sexual, el órgano instructor deberá considerar, de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, todas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, sin incluir consideraciones relativas a los antecedentes del comportamiento sexual de la persona ofendida.
Artículo 11.—Confidencialidad de la investigación. Todas las personas vinculadas directa o indirectamente con el procedimiento de investigación estarán en la obligación de guardar la más estricta y absoluta confidencialidad, bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento serán sancionadas según la naturaleza y gravedad de la falta. El proceso deberá llevarse a cabo bajo el marco estricto de la privacidad debido a que se puede afectar la dignidad de las partes. El quebranto de dicha privacidad será considerada como una falta a efecto de la aplicación del régimen disciplinario, de conformidad con lo estipulado en los reglamentos municipales.
Artículo 12.—Instrucción de la investigación. La instrucción del caso será realizada por el órgano instructor que se nombre, conforme a las disposiciones legales vigentes. Una vez que el Órgano ha recibido la denuncia, dará traslado a la persona denunciada, notificando, en forma personal y privada, mediante acta que deberá firmar como constancia de recibido.
En este acto se le dará audiencia por el término de quince días hábiles sobre el contenido de la denuncia y sobre las pruebas ofrecidas por la supuesta víctima, a los efectos de que manifieste, por escrito, su descargo, ofrezca su prueba. Asimismo se le prevendrá para que señale lugar para atender notificaciones.
En el presente procedimiento no procederá la conciliación.
Artículo 13.—Sanción por incumplimiento. La Alcaldía y los funcionarios o funcionarias a los que se le encomiende alguna participación en las investigaciones de acoso sexual, deberán garantizar el fiel cumplimiento de las presentes disposiciones, bajo pena de constituir falta grave por incumplimiento de responsabilidades de acuerdo a lo establecido en los artículos seiscientos ocho y siguientes del Código de Trabajo.
Artículo 14.—Sanciones. Las sanciones por hostigamiento o acoso sexual se aplicarán según la naturaleza y gravedad de la falta, de la siguiente manera. Amonestación escrita, suspensión sin goce de salario hasta por quince días o despido sin responsabilidad patronal, ello sin perjuicio de plantear la denuncia correspondiente de acuerdo con lo que proceda.
Artículo 15.—Medidas cautelares. En la fase instructiva se podrán adoptar medidas cautelares a fin de cesar temporalmente los efectos del hecho lesivo a la persona denunciante y hasta tanto se resuelva en definitiva. El Órgano Instructor podrá gestionar ante la Alcaldía que se ordene, en forma provisional y en cualquier momento, a partir de la presentación de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:
1.  La suspensión temporal con goce de salario: Se dispondrá en relación con el o la denuncia, en los siguientes casos:
a)  Cuando su presencia pueda causar un mayor agravio a la presunta víctima.
b)  Cuando pueda entorpecer la investigación.
c)  Cuando pueda influenciar a los eventuales testigos.
d)  Dicha suspensión se solicitará, por el plazo que el Órgano Instructor considere necesario.
e)  El traslado de la víctima: Se dispondrá, en relación con la víctima, en los siguientes casos:
f)   Cuando exista subordinación con el denunciado.
g)  Cuando exista clara presunción de que el hostigamiento continuará.
h)  Cuando así lo solicite la víctima.
2.  En todos los casos de traslado de la víctima no afectará sus derechos adquiridos. En cualquier momento, ambas medidas podrán ser revocadas por el Órgano Instructor, previa justificación.
3.  Que el presunto hostigador se abstenga de perturbar al o la denunciante.
4.  Que el presunto hostigador se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona hostigada.
Artículo 16.—Protección a testigos y personas ofendidas. Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento o acoso sexual o haya comparecido como testigo de las partes, podrá por ello sufrir perjuicio personal en su relación de empleo. Conforme a lo previsto en la ley siete mil cuatrocientos setenta y seis, quien haya formulado denuncia por acoso u hostigamiento sexual, sólo podrá ser despedido por justa causa, previa intervención de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, donde deberá acreditarse la causal en que la Municipalidad funda su despido. Esta garantía rige durante el plazo que se sustancia la denuncia y hasta tres meses después de concluido el procedimiento.
Artículo 17.—Disposiciones supletorias. En todo aquello no previsto en este Reglamento sobre acoso u hostigamiento sexual, rige la ley número siete mil cuatrocientos setenta y seis de tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y sus reformas así como la Ley General de la Administración Pública.
Artículo 18.—Vigencia. El presente cuerpo normativo regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dejando sin valor ni efecto legal cualquier otra disposición reglamentaria municipal que se le oponga.
Acuerdo aprobado por unanimidad.
Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2011097569).
MUNICIPALIDAD DE PALMARES
El Concejo Municipal mediante acuerdo ACM-11-83-11 de la sesión ordinaria Nº 83 de fecha 29 de noviembre del 2011 acordó por unanimidad aprobar el Reglamento para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones.
REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES
PARA LA UBICACIÓN Y CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Considerando:
1º—Que la apertura del sector de telecomunicaciones en nuestro país fue parte de los compromisos que adquirió Costa Rica al entrar en vigencia al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, el cual en su capítulo diecisiete, artículos 17.1 y 17.2, establece entre otros que cada Parte garantizará que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y deberán esforzarse en mejorar esas leyes y políticas.
2º—Que la Sección IV del Anexo de dicho Tratado establece la obligación de Costa Rica de promulgar un marco regulatorio para los servicios de telecomunicaciones que deberá ser conforme con los principios rectores que sirven de guía para la regulación del sector a efectos de no afectar de ninguna manera los compromisos de acceso al mercado que el país asume hacer valer; son ellos los que inspiran la presente normativa: universalidad, solidaridad, beneficio del usuario, transparencia, competencia efectiva, no discriminación, neutralidad tecnológica, optimización de los recursos escasos, privacidad de la información, y sostenibilidad ambiental
3º—Que dentro del marco regular existente la “Ley General de Telecomunicaciones N° 8642, del 4 de junio de 2008” que entró a regir el 30 de junio del 2008, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET, publicado en La Gaceta Nº 186 de 26 de setiembre de 2003, promueven la competencia efectiva como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles, en respeto, armonía a la sostenibilidad ambiental y urbanística del país.
4º—Que complemento esencial a la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley Nº 8660 “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones” publicada en La Gaceta N° 31 del 13 de agosto de 2008, vino a crear el Sector Telecomunicaciones y a desarrollar las competencias y atribuciones a las instituciones que comprenden dicho sector, a modernizar y fortalecer al ICE y sus empresas, y a modificar la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para crear la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), disponiendo en su artículo primero que quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, toda la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, las instituciones autónomas, las semiautónomas y las empresas públicas y privadas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información, interconexión y demás servicios en convergencia del Sector, declarados de interés público.
5º—Que la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y los constantes avances tecnológicos en los últimos años, han motivado la aparición de nuevos servicios de comunicación, acompañados de un aumento y multiplicación de instalaciones de telecomunicaciones a las ya existentes, que producen un impacto visual y medioambiental que afectan el entorno urbano y natural, por lo que surge la necesidad a la Administración Municipal dentro de su competencia y bajo el presupuesto de su autonomía en materia de planificación y administración territorial, de establecer los parámetros generales que rijan para la ubicación, construcción instalación, uso de infraestructura de telecomunicaciones, explotación comercial y usos de suelo relacionados con dichas instalaciones y obras constructivas.
6º—Que la telefonía celular constituye un servicio público cuyos beneficios están claramente evidenciados. Sin embargo se han despertado inquietudes en los habitantes de las zonas aledañas a las instalaciones de las antenas y radio bases, por la incertidumbre generada en relación con los posibles efectos en la salud humana. De los campos eléctricos y magnéticos.
7º—Que el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, regula el uso de los inmuebles y parcelas que tienen acceso por medio de una servidumbre de paso y servidumbre agrícola. Además el Reglamento de Construcciones indica que las urbanizaciones cuentan con un mapa en donde se establece su uso, asimismo los fraccionamientos de uso residencial.
8º—Que los aspectos relacionados con el desarrollo territorial, urbanístico, ambiental, cultural social y en general humano y natural son competencias de la Administración Municipal amparada a su autonomía la que debe respetar el marco legal nacional y las competencias correspondientes al Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Telecomunicaciones.
9º—Que es deber de la Municipalidad en tanto institución pública contribuir en la salud de la población, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes de su territorio
10.—Que las municipalidades amparadas al artículo 4º del Código Municipal vigente, están facultadas para “Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico”.
11.—Que el Decreto ejecutivo Nº 35860-MINAET del 26 de febrero del 2010, Publicado en La Gaceta Nº 69 del 12 de abril de 2010 establece el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual.
12.—El Decreto Nº 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT: Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación, coordinación y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de Telecomunicaciones.
13.—El Decreto Nº 36324-S Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias hasta de 300 GHz. Por tanto,
1º—De conformidad con los artículos 5º, 3º, 10, 11, 32, 45, 49, 67, 69, 89, 169 y 170 constitucionales, así como los artículos 2,3 e incisos a, c, f, del artículo 4º del Código Municipal, relacionados con los artículos 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 39, 56, 57, 58, 62, y siguientes de la Ley de Planificación Urbana, así como los artículos 13 y 59 de la Ley General de la Administración Pública y los artículos 18 y 88 de la Ley de Construcción y su Reglamento y todas las Leyes y otras normativas citadas anteriormente, se promulga el siguiente:
REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES
PARA LA UBICACIÓN Y CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1º—Este Reglamento tiene como objeto establecer los procedimientos para optar por Licencias Municipales de construcción y comercial en telecomunicaciones, dentro de la jurisdicción municipal así como regular las condiciones de ubicación, construcción e instalación de las obras constructivas de telecomunicaciones, en resguardo del espacio urbano-ambiental.
Artículo 2º—Se establecen como sus objetivos específicos:
a.  Asegurar que las obras, estructuras e instalaciones para Redes y Sistemas de Telecomunicaciones, sean realizadas de conformidad con las especificaciones técnicas bajo las cuales fueron autorizadas,
b.  Minimizar el impacto visual y ambiental de dichas instalaciones sobre el entorno con una visión integral y a largo plazo del desarrollo urbano
c.  Velar porque la infraestructura de telecomunicaciones a instalar no represente daño o riesgo a la salud de la población por su emisión o radiación de energía magnética.
d.  Evitar la mimetización de las infraestructuras dentro del cantón para prevenir problemas de sobreirradiación oculta, salvo casos especiales definidos por el ente municipal.
e.  Asegurar que las actividades comerciales desplegadas se enmarquen dentro de las regulaciones existentes en materia de patentes comerciales.
Artículo 3º—Están sometidas al presente reglamento en la jurisdicción del cantón, todas las personas físicas o jurídicas que soliciten licencias municipales para la comercialización y o instalación de obras constructivas de telecomunicaciones en condición de operadoras, proveedoras de infraestructura, constructoras de infraestructura o en cualquier condición similar a través de la cual se presten o se puedan brindar servicios de telecomunicaciones disponibles al público que se construyan, originen, terminen o transiten por el territorio de este cantón, independientemente del uso de estas o las áreas donde se encuentren instaladas, ya sea de dominio público, acceso público y/o dominio privado o áreas privadas.
Artículo 4º—Para los efectos de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones:
1-  Ampliación y modificación de la estructura: Cualquier cambio al proyecto autorizado por la municipalidad.
2-  Antena: Elemento componente de una red o sistema de telecomunicaciones que por medio de transmisiones tales como señales radioeléctricas, canales o circuitos que utilicen bandas del espectro radioeléctrico, permite toda emisión, recepción o transmisión de signos, señales, imágenes, escritos, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza.
3-  Bienes de Dominio público: Son aquellos que por voluntad expresa del legislador, tienen un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.
4-  Canon por utilización de espacio público de administración municipal: De conformidad con el artículo 79, de la Ley Nº 7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, es el monto a cancelar por la utilización de los espacios públicos municipales.
5-  Exposición electromanética: Es la producida cuando una persona está sometida a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, o a corrientes de contacto distintas de las originadas por procesos fisiológicos en el cuerpo o por otros fenómenos naturales.
6-  Exposición al público: Es aquella a la que está expuesta la población en general.
7-  Exposición continua a radiación: Es la exposición que sufre una persona durante un tiempo superior al correspondiente al término promedio (según norma UIT K.52 tiempo de promediación)
8-  Franja de Amortiguamiento: Espacio físico-geográfico alrededor de la infraestructura de Telecomunicaciones respecto a otras obras constructivas.
9-  Licencias Municipales: autorización expedida por la Municipalidad para la construcción instalación, ampliación y/o modificación de las estructuras, e infraestructura y o explotación comercial de las estructuras para telecomunicaciones, previo pago correspondiente.
De Construcción: Es la otorgada para la instalación de las obras constructivas de telecomunicaciones.
De Explotación comercial: Es la otorgada para la explotación comercial de las obras constructivas de telecomunicaciones y los servicios prestados por las mismas.
10-   Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET): Ente rector del sector público de telecomunicaciones, creado mediante el artículo 38 de la Ley Nº 8660, encargado de otorgar las concesiones en telecomunicaciones conforme al mandato constitucional del artículo 121, y cuyas funciones están establecidas en el artículo 39 de dicha ley.
11-   Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuáles podrán prestar o no servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general.
12-   Patente comercial: Impuesto a pagar por la realización y explotación de una actividad comercial, industrial o de servicios dentro de la jurisdicción del cantón, de conformidad con la ley de patentes vigente y su reglamento.
13- Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE): es el producto de la potencia suministrada a la antena y la máxima ganancia de antena con relación a una antena isotrópica, medida en vatios (watts).
14-   Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida licencia municipal
15-   Proveedor de Infraestructura: Es aquel intermediario, persona física o jurídica ajeno a la figura del concesionario proveedor u operador que regula la ley, que solamente colocara el poste/torre o estructura que cuente con la debida concesión o autorización según corresponda.
16-   Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): La SUTEL es el órgano de desconcentración máxima adscrito a al Autoridad Reguladora de los Servicios públicos, que le corresponde regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, cuyas funciones están establecidas en los artículos 60 y 73 de la ley Nº 7593.
17-   Torre, poste y/o estructura: Elemento estructural soportante que sirve para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas, soporte de cableado, iluminación pública, entre otros.
CAPÍTULO II
Atribuciones y facultades municipales
Artículo 5º—Con las atribuciones y facultades conferidas por la normativa vigente corresponde a la administración municipal, conocer, valorar, rechazar, anular, revocar permisos, fiscalizar y resolver las solicitudes de las licencias municipales, sean éstas comerciales o constructivas.
Artículo 6º—Le corresponde a la municipalidad:
a)  Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que toda construcción, instalación y modificación a las obras constructivas de telecomunicaciones, reúnan las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano- ambiental del cantón.
b)  Salvaguardar el orden urbanístico, incluyendo la estética, la paisajística rural, urbana o natural y seguridad de las edificaciones y sus repercusiones medioambientales, derivadas de los riegos de daño del medio ambiente urbano que puedan generar.
c)  Fiscalizar que se cumpla con todos los criterios de protección socio-ambiental.
d)  Evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que pueda producirse.
e)  Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad sancionatoria en relación con las licencias municipales.
f)   Ordenar la clausura y demolición de las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Construcciones y su Reglamento.
g)  Realizar un inventario de estructuras para redes y/o sistemas de telecomunicación, que se encuentren ya instaladas en la jurisdicción del cantón para el control y planificación interna.
h)  Otorgar el certificado de uso del suelo como uso conforme, siempre y cuando cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en los capítulos siguientes.
i)   Mantener un registro actualizado de solicitudes presentadas en el sistema de Información de la Oficina de Ingeniería de la Municipalidad y de licencias de construcción otorgadas que permitan conocer y controlar la densidad cantonal de infraestructura de telecomunicaciones y la intensidad total de emisión o radiación existentes.
CAPÍTULO III
Del uso de suelo
Artículo 7º—Para la obtención del Certificado de Uso de Suelo para estructuras en telecomunicaciones los solicitantes deben presentar los siguientes requisitos:
a)  Formulario de solicitud de uso de suelo completo, según lo establecido para construcciones en la Ley de Planificación Urbana.
b)  Plano de catastro de la propiedad.
c)  Aval del Concesionario del servicio de que está aprobada la instalación de estructuras de telecomunicaciones en el predio en donde se solicita el uso de suelo.
d)  Copia de la cédula de identidad del solicitante y-o certificación de personería jurídica cuando corresponda.
e)  Declaración jurada de la persona solicitante en la que haga constar que no existe una sola torre de telecomunicaciones a una distancia mínima de 250 metros desde el centro de la torre propuesta, lo cual no aplica para las torres del ICE ya existentes pero sobre las cuales sí se aplicará el retiro respecto de ellas y para las nuevas antenas que se ubiquen sobre azoteas, vallas o edificios.
f)   Declaración jurada de la persona solicitante en la que se haga constar que se acata la indicación de los retiros adecuados para cumplir con el límite de exposición máxima del Decreto Nº 36324-S.
g)  Cualquier otro que para el efecto se solicite según la normativa establecida por la Municipalidad.
Artículo 8º—De conformidad con el Reglamento de Higiene Industrial del Ministerio de Salud, la Municipalidad trasladará ante dicho Ministerio, las solicitudes de los vecinos sobre ruidos, trepidaciones, humo, malos olores, cambios sensibles de temperatura, luces, gases, polvo y humedad. Producto del resultado del dictamen, la Municipalidad podrá con la debida fundamentación, cancelar toda licencia y uso de suelo.
Artículo 9º—De conformidad con el Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ del Ministerio de Salud, la Municipalidad tramitará ante dicho Ministerio las solicitudes bien fundamentadas de los vecinos sobre riesgos y efectos nocivos de la exposición de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes.. Producto de los criterios y resultados emitidos por el Ministerio de Salud, la Municipalidad podrá con la debida fundamentación cancelar la licencia y el uso de suelo si no se cumplen los parámetros para las emisiones radioeléctricas y de exposición electromagnética establecidos por la normativa vigente, o si se determina científicamente en un futuro que los parámetros actuales dañan la salud o el ambiente. El incumplimiento implicará la demolición de la obra por parte de la empresa interesada.
Artículo 10.—En caso de que se determine necesario realizar valoración médica de la persona perjudicada por el deterioro en su salud, su costo será cubierto por el permisionario, (que disfruta del permiso).
CAPÍTULO IV
De las estructuras, ubicación e instalación
Artículo 10.—Se deberá mantener una franja de amortiguamiento o retiro mínimo de 3 metros desde los bordes de cualquier elemento no radiante de la Obra Constructiva respecto a cualquier otra construcción dentro del mismo predio por razones de seguridad y libre tránsito del personal necesario para la conservación y mantenimiento de la Obra Constructiva.
Artículo 11.—Para garantizar que no se sobrepasen los límites de exposición máxima que ha delimitado el Ministerio de Salud, las mediciones mínimas de un lote donde se vaya a instalar cualquier infraestructura en telecomunicaciones que emita a 2511watt de potencia isotrópica radiada equivalente máxima (PIRE) serán de 17x17 m”, según las normas K.52 de la Unión de Telecomunicaciones y la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no ionizantes, reconocidas por el Decreto Nº 36324-S del Ministerio de Salud. Se debe mantener un retiro de 8.5 metros del centro de la base de la torre o poste con respecto a cualquier colindancia y un retiro mínimo de 7 metros de cualquier antena respecto a todo tipo de colindancia, ambos medidos horizontalmente. Los accesos se regularan conforme con las disposiciones que establecerá la Municipalidad.
Artículo 12.—El espacio donde se ubique la obra debe permitir la fiscalización por parte de las autoridades competentes.
Artículo 13.—En ningún caso, la infraestructura de telecomunicaciones podrá exceder las alturas máximas permitidas por la Dirección General de Aviación Civil.
Artículo 14.—Las torres, postes y demás estructuras de soporte a los sistemas de telecomunicaciones, deberán cumplir con las señales preventivas y demás requisitos para la navegación aérea, según establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). No obstante sin perjuicio de lo anterior, solamente en los casos que la municipalidad autorice, las torres o postes podrán tener un acabado de aspecto tal que diminuya el impacto visual de sus estructuras en relación con su entorno, Para estos efectos se deberán observar todas las normas establecidas en el ordenamiento jurídico relacionadas con el paisaje.
Artículo 15.—En consideración al tamaño del territorio del cantón y como principio precautorio de protección a la salud física y mental de sus pobladores la separación entre estructuras (torre, antena, etc.) deberá respetar como mínimo un radio de 250 metros, medidos entre las líneas de centro de las mismas, dado que una distancia menor entre torres produce contaminación visual y paisajista. La definición de radios se genera según el orden de aprobación de las licencias.
Artículo 16.—Las torres terrestres para la explotación de servicios de telefonía celular en zonas urbanas deberán tener capacidad de albergar al menos tres sistemas de antenas separados verticalmente entre si.
Artículo 17.—El sistema de antenas mas bajo debe ubicarse al menos a 30 metros de altura respecto al suelo con una máxima conjunta de la torre, sus antenas, demás elementos de red y/o protección contra descargas de 60 metros respecto al suelo.
En el caso de instalación antenas en azoteas o paredes de edificios, la altura máxima será de 60 metros medidos desde el suelo, considerando la normativa aeroportuaria y cualquier sistema de antenas se ubicará a más de 6 metros del punto más alto del edificio donde se encuentre.
Artículo 18.—En caso de torres terrestres para la explotación de servicios de telefonía celular en zonas rurales se podrán utilizar alturas máximas conjuntas de la torre, sus antenas, demás elementos de red y/o protección contra descargas de 75 metros respecto al suelo, teniendo la capacidad de albergar al menos tres sistemas de antenas separados verticalmente entre si asegurando que el primer sistema de antenas se ubique a una altura de 30 metros o superior.
Artículo 19.—Según la autonomía municipal y la legislación vigente en la materia, no se permitirán construcciones e instalación de obras constructivas de telecomunicaciones en áreas de protección, áreas protectoras de nacientes y de ríos, monumentos públicos, reservorios de agua para consumo humano, zonas bajo régimen de protección especial, de protección histórico-patrimonial de conservación, en inmuebles situados con acceso por medio de servidumbre y servidumbre de paso, en parcelas segregadas frente a servidumbres especiales y que tienen acceso por medio de servidumbre agrícola, en urbanizaciones con planos aprobados por el INVU y por la Municipalidad de Palmares que cuenten con un mapa de uso o en aquellas que la Dirección General de Aviación Civil e instituciones de gobierno emitan criterio negativo.
Artículo 20.—En zonas sensible como centros de salud con internamiento de pacientes, instalaciones específicas para ancianos y menores de edad como escuela, colegios, centros diurnos, albergues, comedores escolares, templos religiosos, edificaciones declaradas patrimonio histórico y monumentos públicos, cualquier antena con una densidad de potencia isotrópica radiada equivalente(PIRE) menor a 2600 W debe tener un retiro de 100 metros. Por una PIRE hasta de 5000 W deberá retirarse 150 metros y cualquier antena de mayor potencia deberá retirarse 200 metros.
Artículo 21.—Se podrá construir en inmuebles públicos inscritos que no sean vías públicas como aceras, calles, espaldones, siempre y cuando no se perjudique su destino publico final, sujeto ello, al pago del canon correspondiente y siempre y cuando se cumplan las disposiciones del presente reglamento. Lo anterior con el propósito de contribuir con el plan de desarrollo regional y local de telecomunicaciones.
Artículo 22.—En espacios abiertos, que sean de uso público o privado, como plazas, parques, zonas deportivas, cualquier antena menor a una PIRE de 2600 W debe retirarse 30 metros. Una PIRE de 5000 W debe retirarse 50 metros y cualquier antena de mayor potencia deberá retirarse 100 metros.
CAPÍTULO V
Obligaciones de los interesados
Artículo 22.—Las personas físicas o jurídicas que construyan, instalen, hayan instalado o renten estructuras deberán identificarlas por medio de una placa metálica con una medida mínima de 0,90 x 1,20 metros y visible desde la vía pública, debe colocarse en el acceso al inmueble donde se va a ubicar. La placa debe contener los siguientes datos:
a)  Número de finca
b)  Número de licencia de obra
c)  Número de permiso de construcción
d)  Número de viabilidad ambiental
e)  Nombre, denominación o razón social de la empresa o persona física.
f)   Números telefónicos de contacto en caso de emergencias y para el mantenimiento de la estructura y red
g)  Domicilio y/o medio para recibir notificaciones en este Municipio.
h)  Nombre y numero del profesional responsable de la obra cuando está en proceso de construcción
i)   Las demás caracterizaciones que pueda señalar la Municipalidad o las autoridades competentes en la materia.
Artículo 23.—Es obligación de las personas físicas o jurídicas que soliciten licencias municipales, constructivas y comerciales estar al día con el pago de las obligaciones tributarías municipales y de la CCSS.
Artículo 24.—Para garantizar la responsabilidad civil o daños a terceros, será necesario que el propietario de la estación terrena o estructura de telecomunicaciones, suscriba y exhiba póliza de seguro como garantía expedida por una compañía autorizada para la emisión de las mismas, por un monto mínimo equivalente a trescientas (300) veces el salario mínimo mensual de un trabajador no calificado genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.          Garantía que deberá ajustarse, mantenerse vigente, al día, y responderá por daños parciales y totales causados a la municipalidad y a terceros en sus bienes o en personas, requisito sin el cuál no se otorgará licencia alguna.    La cancelación de la póliza sólo procederá cuando sea retirado el elemento estructural, con la autorización municipal competente, y previa comprobación de que no existen daños por los que se tenga que responder ante; terceros o ante ella. Queda entendido, que la Municipalidad a efectos de poder exigir las coberturas correspondientes por daños provocados en los bienes de dominio público, se libera de cualquier reclamo que terceros pudieren hacer en su contra.
Artículo 25.—Son obligaciones además para los propietarios de las infraestructuras, de telecomunicaciones, las siguientes:
a-  Notificar y solicitar cualquier cambio que varíe el provecto o autorización municipal.
b-  Presentar en un plazo ocho días hábiles posteriores a la conclusión de lo obra el informe del profesional responsable en el que se acredite la ejecución conforme al proyecto, así como el cumplimiento estricto de las condiciones técnicas de ley, medidas corredoras y condiciones establecidas e impuestas en la licencia otorgada y prevista por la ley.
c-  Dar el mantenimiento necesario a las estructuras o instalaciones para asegurar la operación adecuada de éstas.
d-  Suspender de forma inmediata los trabajos y retirar las estructuras y/o equipos cuando así lo ordene la autoridad municipal competente, o las autoridades rectoras de la materia en telecomunicaciones dentro del plazo de tres días hábiles a partir de su comunicación.
e-  Cumplir con la señalización de torres, postes y estructuras de telecomunicaciones conforme con la normativa de Aviación Civil.
f-   Pagar y mantener al día la póliza de seguro por responsabilidad civil a terceros durante el tiempo que esté instalada la torre de telecomunicaciones.
g-  Dar aviso inmediato a la Municipalidad en caso de ser a su vez propietario de las estructuras y concesionario, de la cancelación o revocación de cualquier requisito o autorización otorgada por autoridad competente en materia de telecomunicaciones.
h-  Solicitar al Ministerio de Salud una medición de radiaciones no ionizantes emitidas desde su estructura de telecomunicaciones al inicio de operaciones, al instalar una nueva antena y posteriormente una vez al año para presentarla y adjuntarla al expediente municipal y-o para la renovación de patentes.
i-   Cumplir a cabalidad y oportunamente tanto con los compromisos adquiridos, como con las exigencias que la municipalidad disponga, sobre: todo de proteger los intereses públicos del municipio.
j-   Presentar un informe anual por parte de un Ingeniero Civil en el cual se certifique el estado estructural de la Obra constructiva (que sirve para construir) y el plan de mantenimiento y reparaciones necesarias, de igual manera se debe aportar documento que prueba que la póliza de daños a terceros se encuentra vigente.
Artículo 26.—El propietario de las obras Constructivas será responsable d cualquier daño directo o indirecto que esta o estas puedan causar a los bienes municipales, privados o a terceros y releva de cualquier responsabilidad a la Municipalidad.
CAPÍTULO VI
Licencia Municipal
Artículo 27.—Para la obtención de la licencia de construcción deberá presentarse los siguientes documentos:
a)  Formulario Especial de solicitud lleno y debidamente firmado por el propietario de la infraestructura y por el Profesional responsable de la obra civil y de la obra eléctrica. La obra civil debe estar firmada por un Ingeniero Civil o Arquitecto y la obra eléctrica por un ingeniero en telecomunicaciones, electricista o electromecánico.
b)  Cuando se pretenda establecer las estructuras en inmuebles propiedad de un tercero que no sea el solicitante debe presentar copia del contrato de arrendamiento que acredite su uso, goce y disfrute respectivo y que revele la voluntad del propietario para la obtención de la licencia.
c)  Estudio Registral del inmueble Cuando se pretenda establecer las estructuras en inmuebles inscritos en condición de derechos, se deberá contar con autorización de la totalidad de los derechohabientes.
d)  Copia de la cédula de persona física o del representante legal y personería jurídica de los propietarios de la infraestructura y del inmueble.
e)  Certificado de uso del suelo conforme que se requiere para los permisos de construcción.
f)   Copia del plano catastrado del inmueble con una fecha de emisión del Catastro Nacional no mayor a cinco años y en el cual se ubique exactamente la obra.
g)  Presentación de tres copias de los planos constructivos de conformidad con Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción. Decreto No 27967-MP-MP-MIVAH-S Reglamento de Construcciones y normativa conexa en materia de telecomunicaciones debidamente firmados por el profesional responsable.
h)  Alineamientos y afectaciones entendidos por las instituciones atinentes:
Frente a Ruta Nacional MOPT.
Frente a Ruta Cantonal Planificación Urbana
Colindancia a Ríos y Quebradas INVU
Colindancia a Pozos, Nacimientos y Humedales MINAE
Afectación Servicios Eléctricos u otros ICE-CNFL- AyA
i)   La viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETFNA-MINAET). Presentar al respecto el Documento de Evaluación Ambiental
j)   Constancia de estar al día en el pago de impuestos de Bienes inmuebles y de otras tasas por servicios municipales
k)  Autorización de la Dirección General de Aviación Civil del MOPT.
l)   En caso de que exista afectación por alguna amenaza natural se solicitará un informe de la Comisión Nacional de emergencias, debiendo atender el solicitante las recomendaciones Técnicas que en él se incluyan.
m)  Póliza de responsabilidad civil a terceros al día
n)  Póliza de seguro de riesgos del trabajo
o)  Constancia de la CCSS donde se consigne estar al día con las obligaciones patronales
p)  Documentos fehacientes (fidedignos) de audiencia pública para informar a los vecinos al menos en un radio de 250 metros del sitio de instalación en el caso de torres, con el fin de garantizar la participación ciudadana previo a emitir actos que afecten la colectividad. Aportar adjunto fotografías, publicidad, registro de asistencia y firmas de los representantes de la empresa. En esta audiencia deben ponerse a disposición del público estudios técnicos y legales.
q)  Declaración jurada, otorgada ante notario público, en la que haga constar que las obras constructivas, en el caso de torres, se construirán para ser compartidas por un mínimo de tres emplazamientos de antenas y equipos.
r)   Otros datos técnicos solicitados como lista de requisitos.
Artículo 28.—En caso de ampliación o modificación de las obras de construcción, se deberá cumplir nuevamente con los trámites de construcción y los señalados en este reglamento, mediante la solicitud del permiso respectivo.
Artículo 29.—El pago por concepto de licencia construcción se calculara conforme al artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana.
Artículo 30.—El pago por concepto de patente de explotación comercial su fijará de acuerdo a los parámetros establecidos en la respectiva Ley de Patentes de la Municipalidad de Palmares conforme al artículo 79 del Código Municipal, tanto para los operadores, proveedores de infraestructura o cualquier condición similar, mediante la información suministrada para estos efectos por el administrado o que sea recabada directamente por la Municipalidad en el Ministerio de Hacienda o en la SUTEL. Cada operador deberá establecer y comunicar oportunamente a la Municipalidad el ingreso anual que le generan las radiobases establecidas en la jurisdicción cantonal a partir de la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta pagado al Ministerio de Hacienda, con el propósito de cancelar a la Municipalidad el respectivo impuesto de patente comercial.
Artículo 31.—Una vez presentada completa la solicitud anterior ante la Municipalidad con todos los requisitos, la administración tendrá treinta días naturales para emitir la resolución. Si fuese negativa, el interesado podrá impugnar la resolución denegatoria de la licencia mediante los recursos previstos en el Código Municipal.
Artículo 32.—La licencia de construcción otorgada por la Municipalidad tendrá una vigencia de un año a partir del pago del tributo correspondiente. Cuando la obra no se inicie o no se finalice dentro de este plazo se debe tramitar de nuevo el permiso según lo indicado en este Reglamento.
Artículo 33.—Una vez otorgada la Licencia de Construcción, el solicitante tendrá derecho de preferencia para construir la Obra Constructiva dentro de un plazo de 180 días naturales. Transcurrido dicho plazo, sin que el solicitante haya concluido la Obra Constructiva, caducara la Licencia de Construcción y la Municipalidad podrá otorgar otra Licencia de Construcción dentro del en el área preferencial, en orden de presentación de las solicitudes que reúnen todos los requisitos establecidos.
Artículo 34.—La Municipalidad podrá incorporar a este reglamento las reformas que considere pertinentes de acuerdo con su autonomía y-o con los cambios que puedan generarse en las interpretaciones de afección a la salud pública por parte de la OMS.
Artículo 35.—En el caso de equipos móviles de telecomunicaciones tipo “Cell on Wheeles” (COWS) que se instalen en el cantón, que cumplan con el artículo 27, inciso q, deberán tramitar permiso de construcción para la malla perimetral del lote así como la respectiva licencia comercial, cumpliendo los requerimientos establecidos por el ente municipal.
CAPÍTULO VII
Sanciones
Artículo 35.—El estado y existencia de las instalaciones actuales no podrá mantenerse si se extingue el titulo habilitante o licencia de conformidad con lo preceptuado en este reglamento, ni tampoco en los casos en que la Municipalidad detecte infracciones técnicas, urbanísticas-ambientales cometidas antes de la vigencia de este reglamento que afecten seriamente la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente, las condiciones urbanísticas de ley, y aquellas que válidamente y razonadamente reconozca la Municipalidad en procura del interés público en garantía de los procesos de ley.
Artículo 36.—Toda infracción al presente Reglamento que se cometa por parte del profesional responsable de un proyecto, del propietario del inmueble, del contratista de sus representantes legales, o por cualquier administrado en general, será sancionado conforme lo estipula la Ley
Artículo 37.—De conformidad con las disposiciones de la Ley de Construcciones, en los casos que se detecten obras sin las respetivas licencias municipales. La Administración Municipal por medio del Proceso de Inspección, notificará y clausurará la obra.
Artículo 38.—Con el estudio realizado, se procederá a notificar al administrado lo siguiente:
a.  Que debe obtener el respectivo permiso de construcción dentro del plazo de 30 días hábiles así como cancelar la respectiva multa.
b.  Que en caso de que en el plazo otorgado no obtuviera el permiso, se procederá a imponer las sanciones que indica la Ley de Construcciones
c.  Que tiene derecho a interponer los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con el Código Municipal, artículo 162.
d.  Que en caso de que la Municipalidad ejecute la demolición de obras ilícitas, esta cobrará al propietario el costo correspondiente.
c.  Que la notificación se hará en el lugar de la obra con el propietario, profesional responsable, ingeniero residente o su asistente, maestro de obras, o cualquier persona mayor de edad y se le consignará la notificación.
f.   Que el monto de la Multa será el uno por ciento (10%) sobre el valor total de la obra.
Transitorios
Transitorio primero: Las solicitudes de uso de suelo, patente comercial y Licencia de Construcción que se hayan presentado, ante la Municipalidad antes de la Publicación del presente Reglamento y que no han sido resueltas, deberán ajustarse a lo establecido en el mismo, una vez este sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta para completar los requisitos aquí establecidos.
a)  Una vez presentados los requisitos faltantes según corresponda, la Municipalidad irá resolviendo las solicitudes en un estricto orden, de acuerdo a la hora y fecha de recepción de la solicitud.
b)  En caso que dos o más solicitudes de permiso de construcción coincidan dentro del radio de la distancia mínima establecida en el artículo 20 numeral 1, la Municipalidad resolverá según el orden de presentación de la solicitud.         En caso que no sea posible determinar cuál solicitud se presentó primero, la Municipalidad otorgara Licencia de Construcción según corresponda a aquel que complete sus requisitos primero. En caso que las partes interesadas también tengan sus requisitos completos, se otorgará la licencia respectiva mediante un sorteo. Para ello la Municipalidad convocará a las partes a una audiencia oral y privada en donde se llevará a cabo dicho sorteo del cual se levantará un acta.
Transitorio segundo: Los propietarios de instalaciones de telecomunicaciones existentes que no dispongan de las debidas licencias municipales de explotación comercial deberán regularizar su situación y sujetarse a las presentes disposiciones, así corno para cualquier otra actividad de construcción, instalación, modificación, ampliación, mantenimiento, deben gestionar las licencias municipales. Deben también informar a la Municipalidad detalladamente de las obras constructivas ya existentes a fin de mantener un registro, control y clara ubicación de las mismas. Para los efectos se les dará un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta.
Transitorio tercero: La exigencia de la georreferencia se aplicará paulatinamente a criterio de la autoridad municipal competente. Mientras no se cuente con la información necesaria para realizar el enlace de los levantamientos para la ubicación de las torres a la Red Oficial de Coordenadas Nacionales, la ubicación se obtendrá con los datos del levantamiento topográfico convencional del inmueble.
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código municipal, este Reglamento se somete a consulta pública por un lapso de diez días hábiles, vencido el plazo la Municipalidad de Palmares se pronunciará sobre el fondo.
Eithel Hidalgo Méndez, Secretaria del Concejo.—1 vez.—(IN2011099704).
MUNICIPALIDAD DE TILARÁN
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO
DE GASTOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE
Y ALIMENTACIÓN A REGIDORES
Y SÍNDICOS RESIDENTES
EN ZONAS ALEJADAS
El Concejo Municipal de Tilarán en Sesión Ordinaria Nº 70 celebrada el 01 de setiembre del 2011, acordó por unanimidad y en firme:
Considerando que:
1º—El artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 04, inciso c) y 169 del Código municipal, reconocen la autonomía política, administra y financiera de las Municipalidades.
2º—La Municipalidad de Tilarán publicó el Reglamento para el Pago de Gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación a Regidores y Síndicos Residentes en las Zonas Alejadas, en La Gaceta Nº 187 del viernes 24 de setiembre del año 2004.
3º—Los artículos 3, 9,10 y 12 del Reglamento para el Pago de Gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación a Regidores y Síndicos Residentes en las Zonas Alejadas, limitan el beneficio de cancelación, en forma injusta, lo que atenta fundamentalmente contra el derecho de representación de las comunidades, por parte de los síndicos municipales, ante el Concejo Municipal.
Se mociona para que con dispensa de trámite de comisión se acuerde definitivamente:
1º—Modificar los artículos 3, 9, 10 y 12 del Reglamento para el Pago de Gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación a Regidores y Síndicos Residentes en las Zonas Alejadas, lo que en adelante dirán:
Artículo 3º—Los regidores y síndicos, que podrán hacer uso de estos beneficios, son aquellos que habiten a siete o más kilómetros de la sede municipal y que deban trasladarse para asistir a las sesiones del Concejo municipal o bien al terminar las sesiones especialmente por la dificultad del transporte público de buses.
Artículo 9º—Los montos asignados por concepto de transporte, contemplan el desplazamiento de su casa de habitación a la Municipalidad y viceversa.
Por concepto de alimentación, se le pagará únicamente a aquellos regidores y síndicos, que residan a una distancia igual o mayor a los siete kilómetros de la sede municipal y bajo los siguientes términos:
a)  Desayuno: serán reconocidos únicamente al regidor o sindico, que inicio el viaje de su casa de habitación, entre las cero horas a las seis horas, para estar presente en la sesión del Concejo que se celebre a las ocho horas en punto o antes, si la sesión empieza después de las ocho horas, no se pagará este subsidio.
b)  Almuerzo: será reconocido únicamente al regidor o síndico, que participe hasta el final de la sesión y que se realice entre las once horas y las catorce horas.
c)  Cena: será reconocido únicamente este beneficio a regidor o síndico, que participe en una sesión del Concejo municipal y que se realice entre las dieciséis horas y las veinticuatro horas.
Artículo 10.—Si por acuerdo del Concejo Municipal se dispone brindar algún refrigerio en las sesiones del Concejo, los regidores y síndicos, también podrán solicitar los subsidios que se señalan en los numerales a, b, c del artículo anterior, cuando la sesión se extienda por más de tres horas.
Artículo 12.—Las tarifas por transporte, hospedaje y alimentación serán ajustadas cuando así lo autorice la Contraloría General de la República o la autoridad reguladora de los servicios públicos, en cuanto al valor del pasaje del autobús. En caso de no haber transporte público, (autobús) y deba de trasladarse en taxi, o cualquier servicio privado, se reconocerá el monto cobrado por el taxi, o el servicio privado siempre y cuando se presente en la liquidación, la factura correspondiente, en caso de tener vehículo propio, se cancelarán los gastos de combustible, según la tarifa vigente por kilómetro.
2º—Publíquese el presente acuerdo por medio del Diario Oficial La Gaceta.
Tilarán, 07 de diciembre del 2011.—Silvia María Centeno González, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—O. C. Nº 995-11.—Solicitud Nº 604-11.—C-35360.—(IN2011097131).
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL
Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
Considerando
1º—Que los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el artículo 4º, inciso a) del Código Municipal, reconocen la autonomía administrativa, política, reglamentaria y financiera de las Municipalidades.
2º—Que la Sala Constitucional en el voto número 5445-99, establece que en razón de la autonomía política de las Municipalidades, éstas pueden dictar sus propios reglamentos de organización; así como los de prestación de servicios públicos municipales.
3º—Que la potestad reglamentaria de las Municipalidades de aprobar reglamentos corresponde a los Concejos Municipales.
4º—Que la aprobación del Reglamento para el Procedimiento de Cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Liberia, le permite a la Administración dar seguimiento a la gestión de cobro en todas sus modalidades, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno, lo que convierte dicha aprobación de Reglamento en una obligación legal para el Concejo Municipal. Por tanto,
Este Concejo Municipal de Liberia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Legislación antes indicada, acuerda: Aprobar el Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Liberia, como a continuación se detalla:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º—Objeto y ámbito del reglamento. El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos y la forma de operación de la administración tributaria de la Municipalidad de Liberia, dedicados a la recuperación de obligaciones tributarias documentadas.
El objetivo de este reglamento es establecer las normas que regularán el, Cobro Administrativo extrajudicial y Judicial, de las obligaciones por parte de los contribuyente y sujetos pasivos, con la máxima recuperación de las mismas siempre bajo criterio de conveniencia y oportunidad institucional, según el análisis y características de cada caso en particular, y serán de aplicación obligatoria para el departamento de Administración Tributaria y para los abogados externos contratados por la Municipalidad para este fin.
El ámbito de aplicación de este Reglamento corresponde a las obligaciones de los administrados, surgidas con la Municipalidad de Liberia, en el cantón de Liberia.
Artículo 2º—Definiciones preliminares: Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
a)  Reglamento: El Reglamento para el procedimiento de cobro Administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Liberia.
b)  Municipalidad: La Municipalidad de Liberia.
c)  Administración Tributaria: Departamento de administración tributaria de la Municipalidad de Liberia.
d)  Unidad de Gestión Cobros: corresponde a la unidad del departamento de administración tributación municipal encargada de la función de recaudación de la Municipalidad.
e)  Obligaciones vencidas: Las obligaciones dinerarias vencidas, o bien, créditos exigibles de plazo vencido a favor de la Municipalidad, por concepto de tributos municipales cánones y arrendamientos.
f)   Sujeto Pasivo: es la persona física o jurídica que se encuentra atrasada en el paso de sus obligaciones Municipalidad, derivados de impuestos, tasas, contribuciones especiales y cualquier otro tipo de adeudo Municipal.
g)  Contribuyente: es la persona física o jurídica obligada a pagar tributos a la Municipalidad, derivados de impuestos, tasas, contribuciones especiales y cualquier otro tipo de adeudo Municipal.
h)  Abogados Externos: Los Profesionales en Derecho debidamente acreditado ante el colegio profesional respectivo, que podrán ser personas físicas y jurídicas que presten sus servicios profesionales a la Municipalidad, bajo la normativa e éste Reglamento efectuando la gestión de cobro extrajudicial y judicial respectiva para la recuperación de las obligaciones vencidas de Institución.
i)   Cobro administrativo: todas las acciones que se realizan administrativamente por parte de la administración tributaria municipal, con el objetivo de hacer cumplir los calendarios de pago que garanticen la cancelación oportuna de las cuentas de los sujetos pasivos.
j)   Cobro extrajudicial: Las acciones realizadas extrajudicialmente por las personas físicas o jurídicas externos contratadas por la municipalidad, para la cancelación de las obligaciones vencidas trasladadas a estos para su respectivo cobro, previo a iniciar la gestión judicial correspondiente.
k)  Cobro judicial: Se entiende por cobro judicial el desarrollo y establecimiento de controles tendientes al logro de la máxima recuperación de la cartera que ejecuten los abogados contratados (físicos y jurídicos) para tal fin por la Municipalidad; en aras de obtener la recuperación de las obligaciones vencidas, una vez que se agoten los trámites de cobro administrativo y extrajudicial.
l)   Estrategia de cobro: es la acción por medio de la cual se establece el cómo realizar las gestiones de cobro, para la recuperación de obligaciones tributarias y las deudas en un periodo determinado.
m) Mora: se define como el estado tardío en que incurre el sujeto pasivo en cualquier forma de pago convenida. El cómputo de la mora se da a partir del día natural siguiente a la fecha de pago pactada.
Artículo 3º—Definición de obligación del sujeto pasivo: Para los fines de este Reglamento se entiende por obligaciones tributarias documentadas y no documentadas:
1)  Aquellas que representen deudas por concepto de impuestos nacionales y municipales bajo administración del Municipio, que presenten atraso en el pago de las mismas o que se encuentren vencidas.
2)  Aquellas que representen deudas por concepto de tasas y contribuciones especiales que presenten atraso en el pago o que se encuentren vencidas.
3)  Aquellas que representen deudas por concepto de alquileres, arrendamientos, préstamos o créditos que se hayan otorgado a beneficiarios de programas municipales que presenten atraso en el pago o, que se encuentren vencidas o que exista algún tipo de incumplimiento que obligue a su vencimiento.
4)  Aquellas obligaciones que incumplan alguna de las cláusulas pactadas entre la Municipalidad y el deudor que faculten al municipio a darlas por vencidas, en forma anticipada o con el vencimiento del plazo de la obligación, del crédito o de la deuda, que contemplen las leyes y reglamentos aplicables y vigentes.
Artículo 4º—Ámbito de las gestiones de cobro: Abarca todas las gestiones de cobro que realice la Administración Tributaria de la Municipalidad de Liberia sobre las obligaciones tributarias o deudas que se efectuarán de conformidad con el presente Reglamento. No implica lo anterior, imposibilidad para que la Municipalidad, por razones de conveniencia y de forma motivada, pueda recurrir a un procedimiento de cobro más acelerado, cualquiera que este sea, siempre que el mismo esté sujeto al debido proceso.
CAPÍTULO II
Organización Institucional para la Gestión Tributaria
Artículo 5º—Funciones de la Gestión Tributaria: la función de la gestión tributaria es lograr el máximo cumplimiento voluntario de todos los deberes y obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad, mediante el desarrollo de un conjunto de acciones cuyo propósito es la implementación y ejecución de sistemas de procedimientos eficientes de planificación, coordinación y control. Dentro de éste marco, le corresponde todo lo relacionado con la gestión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias municipales o de la administración municipal.
Artículo 6º—Dependencias involucradas: Las áreas municipales que tienen competencia en la Administración Tributaria son todas aquellas que realizan acciones vinculadas con la gestión de tributos, tasas y servicios. Las áreas que la integran son:
•    Unidad de Catastro y Valoraciones: su función principal es mantener actualizado la información documental y digital de todas las propiedades que existen en el cantón. Además es la encargada de incluir fincas nuevas y mantener actualizada el valor de los diferentes predios en el cantón.
•    Unidad de Inspecciones: Se encarga de realizar las inspecciones requeridas por la Municipalidad en el cumplimento de todas las actuaciones que le Ley le asigna así como la entrega de avisos de cobro.
•    Unidad de Rentas y Cobranzas: es la encargada de regular y fiscalizar toda aquella persona física o jurídica que desarrolla una actividad lucrativa en el cantón, así como de realizar la recaudación de todos los impuestos, tributos y servicios que brinda la Municipalidad. Dentro de ésta unidad se encuentra la dependencia de gestión de cobros que tiene un técnico en gestión de cobros, un gestor de cobros y los notificadores
•    Zona Marítimo-Terrestre: es la encargada de mantener actualizada la información de los contribuyentes (concesionarios, ocupantes o permisionarios y todo lo relacionado con el monto a cobrar por canon de Zona Marítimo-Terrestre del cantón.
•    Plataforma de Servicios: es la encargada de brindar la información que el contribuyente y sujeto pasivo requiere sobre los diferentes trámites municipales.
•    Empresas Privadas Externas físicas o Jurídicas dedicadas a la prestación de Servicios Legales: encargadas del proceso de cobros en la fase ejecutiva y extrajudicial
•    Contabilidad Municipal: encargada de emitir la certificación de la deuda de los sujetos pasivos a los cuales se les ha iniciado un proceso extrajudicial o judicial.
•    Secretaria Concejo Municipal: emite la certificación de la representación legal del alcalde para los procesos de cobro judicial en cualquiera de sus dos fases.
•    Servicios Jurídicos: emite los poderes de la representación legal del alcalde e interviene en procesos de prescripción de deuda, reclamos y todo lo relacionado en el proceso de cobro administrativo.
Artículo 7º—Organización interna: la Administración tributaria tiene como autoridad máxima al Coordinador (a) Tributario, el cual coordina y dirige el trabajo de las siguientes unidades: Bienes Inmuebles, Catastro, Patentes, cobros, Unidad de Inspecciones y notificaciones. Los puestos que integran estas unidades coordinan con los funcionarios asignados a la plataforma de servicios para la orientación adecuada a los contribuyentes.
Artículo 8º—Conformación de la Unidad de Gestión de Cobros y sus fines: La Unidad de Gestión de Cobros se encuentra incorporada como parte de la Unidad de Administración tributaria, está formada por el Gestor de Cobros, Técnico de Cobros, los Inspectores y los Notificadores. Le corresponde crear e implementar los mecanismos y controles necesarios para hacer efectivo el cobro y correspondiente pago de las cuentas que están al día y las morosas, tanto administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad.
Artículo 9º—Naturaleza de las acciones de cobro: la Unidad de Gestión de Cobros realizará acciones de cobro de cuatro tipos, preventivo, administrativo, extrajudicial y judicial.
Serán sujeto de acciones de cobro preventivo aquellas cuentas que no han cumplido su fecha de vencimiento. De cobro administrativo las obligaciones que se encuentren vencidas con la Municipalidad y que tengan un trimestre vencido, estas serán notificadas en dos oportunidades, según la ley de notificaciones.
Para el trámite extrajudicial solo aplicarán las cuentas que tengan al menos un trimestre vencido y el cobro administrativo no surtió el efecto esperado para lo cual se tramitara de la siguiente forma: podrán realizarse una primera notificación la cual va firmada por el abogado externo y hasta una segunda, ambos costos de notificación se trasladarán como recargo a la cuenta, y costo se regirá por la tabla de honorarios del Colegio Profesional respectivo. El administrado tendrá un plazo de 24 horas para presentarse al municipio después de realizada la última notificación.
Para el trámite de cobro judicial las cuentas a las cuales se les realizo todo el proceso de cobro administrativo y extra judicial y este no surtió efecto esperado, tendrán un plazo improrrogable de tres días hábiles después de efectuarse la última notificación del cobro extrajudicial.
Artículo 10.—Funciones de la Unidad de Gestión de Cobro: en cumplimiento de su función de recaudación realizará las siguientes acciones:
a)  Proponer e implementar la estrategia de cobro anual de la Municipalidad.
b)  Gestiones preventivas de cobro. Éstas se realizarán quince días antes de la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la obligación respectiva. Las acciones consistirán en avisos o mensajes vía telefónica o internet, publicaciones generales u otros que la Unidad considere convenientes.
c)  Gestiones de cobro administrativo de las cuentas morosas. Las obligaciones tributarias municipales que pasen a encontrarse morosas, serán notificadas dos veces administrativamente, en un plazo de tres meses máximo, otorgándosele al sujeto pasivo treinta días naturales con la primera notificación y diez días con la segunda para realizar el pago respectivo; si vencido el plazo después de la última notificación, el sujeto pasivo no se hiciere presente a cancelar, se remitirá el expediente a los abogados externos para iniciar el cobro extra judicial, el cual contara con una notificación que será firmada por dicho notario y de no ser cancelada la deuda ésta pasara a cobro judicial; La notificación indicada y los trámites descritos, se realizarán por los medios legales correspondientes, establecidos en el presente Reglamento.
d)  El procedimiento para el inicio del cobro administrativo será el siguiente: la unidad de gestión de cobros emitirá un listado general de morosos en el mes cuatro de cada año y dividirá la lista en tractos del 25% del total de morosos, cumpliendo con los dos avisos administrativos en un plazo de tres meses con cada tracto. La priorización sobre la lista será sobre aquellos contribuyentes que tengan los saldos mayores de deuda con la municipalidad o que estén cercanos al cumplimiento del plazo de prescripción.
e)  En caso que el atraso corresponda a la obligación del pago del impuesto a la licencia referida en el artículo 79 del Código Municipal, y su morosidad sea igual a un trimestre vencido, e iniciado el segundo trimestre, una vez cumplido ese término y realizado el proceso administrativo de cobro sin que el respectivo pago se haya hecho efectivo, se procederá paralelamente a suspender la licencia de conformidad con el artículo 81 bis del Código Municipal.
f)   En el caso de licencias en negocios inactivos que no estén al día con el pago de la patente, una vez que se han cumplido los dos trimestres de vencimiento y se ha realizado el debido proceso y no se ha recuperado la deuda, pasar la cuenta de la licencia a una cuenta de incobrables, para ser reactivada en el momento necesario y poder recuperar el monto con el que se congeló.
g)  Entregar por parte del técnico de cobros, una vez agotada la última gestión de cobro administrativo la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad, a los abogados designados por la Municipalidad para que procedan a su cobro por la vía extrajudicial y judicial que corresponda.
h)  Ejercer las funciones de control y fiscalización por parte del gestor de cobros, sobre la actuación que realizan los abogados externos, en la etapa extrajudicial y/o ejecutiva
i)   Rendir por parte del Técnico de Cobros, informes mensuales sobre el estado de las obligaciones vencidas que se encuentran en la etapa administrativa, señalando el número de cédula, nombre del contribuyente, distrito de ubicación, el monto moroso, clasificándolo de acuerdo con el rango del monto del saldo.
j)   Sobre las obligaciones vencidas que se encuentren en cobro extrajudicial, la Unidad elaborará un informe donde se indicará los procedimientos de cobro realizados firmados por el abogado que se han enviado al contribuyente moroso y la respuesta de pago realizada por el contribuyente.
k)  Sobre las obligaciones vencidas que se encuentren en cobro judicial, se elaborará un informe mensual en el que se indicará además del número de cédula y nombre, el número de días que tiene en poder del respectivo abogado el proceso y el estado en el que está el expediente en la etapa ejecutiva.
l)   Solicitar al Coordinador Tributario el establecimiento de convenios o contratos con las siguientes instituciones:
•    El Registro Nacional para tener el reporte permanente de los cambios de dueño de las propiedades.
•    Tributación Directa para cruzar información sobre ingresos y utilidades para el caso de Patentes.
•    Caja Costarricense de Seguro Social
•    Registro Civil
•    DATUM.NET
•    Migración y Extranjería
•    ICE-Telecomunicaciones.
•    Cualquiera otra que se considere necesaria.
Artículo 11.—Sanciones por incumplimiento en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios en algunas de las acciones contempladas en éste Reglamento se procederá de la siguiente manera:
•    El Reglamento Autónomo de Trabajo de la Municipalidad se procederá según lo que el mismo estipule.
•    En caso de que no exista ninguno de éstos documentos oficiales en la Municipalidad, se realiza el debido proceso según lo establece la Ley General de Administración Pública y leyes conexas que se pronuncien sobre la materia, iniciando con la investigación por parte del jefe del departamento en el momento que descubra la anomalía.
Artículo 12.—Deberes del personal: El personal de la Unidad de Gestión Cobro, en el cumplimiento de sus funciones y sin detrimento del ejercicio de su autoridad, ni de la atención de sus tareas, guardará el debido respeto a los interesados y al público en general e informará a aquellos, tanto de sus derechos como de sus deberes, al igual que sobre la conducta que deben seguir en sus relaciones con la Unidad de Cobro, orientándolos en el cumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 13.—Confidencialidad de la información: La información respecto de las bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren en las bases de datos y en los demás documentos en poder de la Unidad de Cobro, tendrán el carácter de información confidencial. Por consiguiente, los funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de ella, sólo podrán utilizarla para el control, gestión. fiscalización, resolución de los recursos, recaudación y administración de los impuestos, y para efectos de informaciones estadísticas impersonales bajo pena de incurrir en las sanciones que contempla la ley. Los abogados externos que se contraten al amparo de lo indicado en este Reglamento, deberán respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en razón de los servicios que prestan, y estarán sujetos a las mismas sanciones que contempla la ley para los funcionarios de la Unidad de Cobro. No obstante lo anterior, los sujetos obligados a respetar la confidencialidad de la información, deberán proporcionar tal información a los tribunales comunes y a las demás autoridades públicas que en ejercicio de sus funciones, y conforme a las leyes que las regulan, tengan facultad para recabarla.
Artículo 14.—Horario de actuaciones: Los funcionarios de la Administración Tributaria actuarán normalmente en horas y días hábiles. Sin embargo, podrán actuar fuera de esas horas y días, cuando sea necesario para lograr el cumplimiento de sus deberes de gestión, fiscalización o recaudación tributaria.
Artículo 15.—Documentación de actuaciones. En todo caso, el desarrollo de las tareas llevadas a cabo por los funcionarios de la Administración Tributaria, deberán consignarse en un expediente administrativo, el cual se conformará en el orden cronológico, en que se obtengan o produzcan los distintos documentos, que deberán foliarse en orden secuencial, con el fin de resguardar adecuadamente su conservación.
Artículo 16.—Notificación de las actuaciones: Todas aquellas actuaciones de la Unidad de Gestión de Cobro, que sean susceptibles de ser recurridas por el interesado, y aquellas que incidan en forma directa en la condición del contribuyente frente a la Unidad de Gestión de Cobro, deberán ser notificadas a éste de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; atendiendo también lo dispuesto en los artículos 138 y 139 del mismo Código supra citado. Se entenderá válidamente efectuada la notificación en cualquier momento en que el interesado, enterado por cualquier medio de la existencia de un acto administrativo, dé cumplimiento a éste, o interponga en su contra los recursos procedentes.
Artículo 17.—De la función de recaudación. La función de recaudación es el conjunto de actividades que realiza la Unidad de Cobro, destinadas a percibir efectivamente el pago de todas las obligaciones tributarias municipales de los contribuyentes y sujetos pasivos. La función recaudadora se realizará en tres etapas sucesivas a saber: voluntaria, administrativa y ejecutiva.
a)  En la etapa voluntaria, el contribuyente cancelará sus obligaciones en ausencia de acciones o respondiendo a las acciones generales de recordatorios de fechas de pago emitidas por parte de la Unidad de Cobro.
b)  En la etapa administrativa, la Unidad de Cobro efectuará dos requerimientos persuasivos de pago a los sujetos pasivos, requerimientos que se llevarán a cabo en las condiciones que este mismo Reglamento señala.
c)  En la etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa utilizando los medios legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos. Esta etapa es la que ejecutarán los abogados contratados para este fin, en casos calificados; puede conocerse como: c-1) Extrajudicial, que será cuando es remitida la lista de morosos a los abogados externos por parte de la municipalidad, para que éstos tramiten las notificaciones extrajudiciales, dicha notificación ira firmada y sellada por el abogado externo, y c-2) Judicial, que será cuando agotada la vía extrajudicial, el expediente es trasladado al abogado externo para que lo presente al tribunal respectivo, todo este proceso en el plazo de quince días. Una vez presentado al tribunal respectivo el abogado devuelve a la Municipalidad una copia del expediente del proceso presentada a los tribunales de justicia.
Artículo 18.—Cargos por gestión de cobro: serán sujeto de recargo a la cuenta del sujeto pasivo las siguientes gestiones de cobro:
a.  Aviso administrativo enviado por correo certificado, sea éste carta o telegrama. En este caso el monto será igual al monto imputado por la oficina de correos más el 10%.
b.  Aviso administrativo enviado por fax o correo electrónico por parte de la municipalidad.
c.  Certificación de cobro entregada por los notificadores municipales o las personas físicas o jurídicas contratadas para este fin
Los cargos por gestión de cobros serán ajustados por lo menos una vez al año y su ajuste será considerando su costo efectivo o costo proyectado más el 10%, utilizando el mismo mecanismo establecido para la actualización de los servicios municipales estipulado en el artículo 74 del Código Municipal. Los avisos y recordatorios emitidos por la Unidad de cobros sobre las fechas de pago al contribuyente que no está moroso, no se les aplica ningún costo.
Artículo 19.—Limitaciones de los sujetos pasivos: Los sujetos pasivos no podrán obtener los siguientes permisos y beneficios:
a.  Permisos de Construcción
b.  Solicitudes de patentes
c.  Registro de proveedores
d.  Renovaciones, traslados, traspasos de patente.
e.  Cualquier otro servicio que brinde la Municipalidad.
Artículo 20.—Formas de extinción de la obligación tributaria municipal: La obligación tributaria municipal se extingue por cualquiera de los siguientes medios: Pago efectivo, Compensación, Condonación, Prescripción.
Artículo 21.—Compensación y saldos a favor: La Unidad de Cobro compensará de oficio o a petición de parte, los créditos tributarios firmes, líquidos y exigibles que tenga en su favor con los de igual naturaleza del sujeto pasivo, empezando por los más antiguos, sin importar que provengan de distintos tributos, y siempre que se trate de obligaciones tributarias
Los sujetos pasivos que tengan saldos a favor, podrán solicitar su devolución dentro del término de ley. Los saldos a favor que hubieren sido objeto de modificación a través del proceso de determinación oficial de los impuestos no podrán ser objeto de solicitud de compensación o devolución, hasta tanto, no se resuelva definitivamente sobre su procedencia. Presentada la solicitud escrita, la Unidad de Cobro procederá a determinar el saldo a favor del contribuyente, de determinarse el mismo, se analizará si existen otras obligaciones tributarias municipales que puedan ser objeto de compensación, remitiéndose la información al superior jerárquico que corresponda, el cual emitirá la resolución pertinente, declarando el saldo a favor, la compensación que corresponda, el nuevo saldo a favor del contribuyente. De comprobarse los saldos a favor del contribuyente se deberá proceder a los trámites administrativos correspondientes e incluir dicho monto en el POA-Presupuesto municipal del siguiente periodo para proceder a su devolución.
Artículo 22.—Condonación: Las deudas por obligaciones tributarias municipales solo podrán ser condonadas por ley. Las obligaciones accesorias, bien sea que se trate de intereses o recargos, podrán ser condonadas únicamente cuando se demuestre que éstas tuvieron como causa, error imputable a la Administración. Para tales efectos, se deberá emitir resolución administrativa, del encargado de la Unidad de Gestión de Cobro, con las formalidades y bajo las condiciones que establece la ley. Corresponderá a la Asesoría Jurídica, realizar los estudios pertinentes para recomendar al encargado de la Unidad de Gestión de Cobro la condonación de los recargos e intereses, solicitados por el contribuyente, correspondiendo a este último la decisión final mediante una valoración adecuada de los elementos probatorios que consten en el expediente, en ejercicio de la sana crítica racional.
Artículo 23.—Prescripción: La prescripción de la obligación surge como consecuencia de la inactividad de la Unidad de Gestión de Cobro en el ejercicio de la acción cobradora. Los plazos para que ésta opere, su interrupción y demás aspectos sustanciales se regirán conforme a la ley. En el caso de los tributos municipales, el plazo de prescripción es de cinco años, de conformidad con el artículo 73 del Código Municipal, y en el caso de los bienes inmuebles son tres años según lo establecido en el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La declaratoria de prescripción únicamente procederá a petición de parte interesado, y podrá otorgarse administrativamente, para lo cual, el contribuyente presentará la solicitud respectiva ante la Unidad de Gestión de Cobro, la que le dará el trámite establecido en el artículo 168 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Artículo 24.—Informes y su contenido: Los informes generados por la Unidad Gestión de Cobros serán responsabilidad del Técnico de cobros y remitidos al Coordinador Tributario y a la Alcaldía. El contenido de los informes debe ser el siguiente:
•    Número de contribuyentes que cancelaron al día y monto recaudado.
•    Cuantos contribuyentes han cancelado en el periodo y el monto global.
•    Morosidad del periodo anterior.
•    Cuanto es el pendiente de cobros por mes
•    Cuantos morosos están con arreglo de pago
•    Cuantos de lo que están en arreglo de pago están al día y se les da seguimiento.
•    Cuantos están en cobro judicial
•    Monto de recuperación del cobro administrativo y el cobro judicial
•    Movimiento de las cuentas por contribuyente
•    Depuración de los sujetos pasivos por patentes y por cambio de dueños en las propiedades.
•    Reporte de morosos por antigüedad de saldos (30, 60, 90 o más días)
Artículo 25.—Deberes de la Unidad de Gestión de Cobro en la etapa ejecutiva. La etapa ejecutiva se iniciará una vez agotada la fase administrativa, según lo dispuesto en el artículo 9 de este Reglamento. La etapa Ejecutiva inicia con el proceso extrajudicial de cobro donde el expediente es trasladado al abogado externo, Una vez agotada la vía administrativa de cobro, la Unidad de Gestión de Cobro deberá cumplir con lo siguiente:
a.  Determinar las obligaciones vencidas que se le adeuden a la Municipalidad. Esas obligaciones serán trasladadas a los abogados externos para cumplir con la etapa ejecutiva..Las obligaciones que no sean trasladadas a los abogados externos seguirán siendo responsabilidad de la Unidad de Gestión de Cobro en la etapa administrativa
b.  La Unidad de Gestión de Cobro trasladará mediante nota de remesa el expediente respectivo para efectos de iniciar la etapa ejecutiva a los abogados externos, este expediente contendrá al menos:
b.1    Copia de las notificaciones de cobro administrativo realizadas al sujeto pasivo.
b.2    Certificación del Contador Municipal que haga constar la obligación vencida que vaya a ser remitida a cobro judicial, la cual incluirá intereses y recargos y constituirá el título ejecutivo para el proceso judicial respectivo, de conformidad con lo que establece el artículo 71 del Código Municipal.
b.3    Una actualización del valor del bien inmueble emitida por la Unidad de Catastro y Valorización, con un periodo de actualización no mayor a dos años, para efectos de contar con un monto referente en el caso eventual de que el proceso llegue a la etapa de remate.
b.4    Informe registral del bien inmueble que constituya la garantía de la obligación tributaria debida a la Municipalidad, de conformidad con lo que establece el artículo 70 del Código Municipal. En el caso de las obligaciones provenientes del impuesto sobre bienes inmuebles, se aplicará lo establecido según proceda, en los artículos 166 y concordantes del Código de Normas y Procedimientos tributarios.
b.5    Calidades del contribuyente y domicilio, si se tratara de una persona jurídica, indicación de las citas de la constitución de la sociedad, correspondiendo al abogado certificar la personería jurídica correspondiente.
b.6    Personería jurídica del Alcalde.
c.  Remitir a la empresa de cobros el expediente para su trámite de cobro judicial o en su defecto si fuera el caso, Asignar a los abogados, en forma equitativa, los casos de cobro judicial, de conformidad con el procedimiento que defina esa Unidad de Gestión de Cobro, tomando en cuenta al menos los siguientes criterios: número de casos, cuantía y fijación de un orden rotativo.
d.  Fiscalizar la labor de la empresa de cobros o de los abogados externos, cuando lleven cobros judiciales, para ello, compete a esta Unidad, recibir los informes trimestrales que realicen la empresa de cobros o los abogados externos de conformidad con este Reglamento, analizarlos y emitir mensualmente un informe sobre los mismos para conocimiento del Departamento y la Alcaldía Municipal.
e.  Solicitar al Coordinador Tributario gestione ante el superior jerárquico la aplicación de las sanciones que en este Reglamento se establecen a la empresa de cobros o a los abogados que incumplan con sus obligaciones.
f.   Solicitar al Coordinador Tributario, el nombramiento de nuevos abogados (físicos o Jurídicos) o la resolución de la contratación de abogados externos, de conformidad con la demanda que de esta gestión se requiera en la Municipalidad.
g.  Llevar un expediente de cada uno de los abogados externos (físicos o jurídicos), en el cual se incorporará toda la documentación relacionada con su contratación, los procesos asignados, los informes que éste presente y demás documentos relacionados con su actuar, los cuales serán agregados al expediente en forma cronológica y estarán debidamente foliados.
h.  Solicitar de la Unidad de Catastro y Valoración de la Municipalidad, el avalúo de los bienes inmuebles que garanticen las obligaciones vencidas, a efectos de determinar si en la fase de remate, la Municipalidad estaría interesada en solicitar la adjudicación del bien.
Artículo 26.—Información del contribuyente: plataforma de servicios tiene la responsabilidad de levantar una declaración jurada con los datos de cada contribuyente y mantenerla actualizada a fin de hacer oficial la información para efecto de comunicados y notificaciones. Cada vez que ingrese un nuevo contribuyente o un contribuyente existente cambie su domicilio o teléfono deberá tomar la declaración jurada e ingresarlo al sistema para que la Unidad de gestión de Cobro pueda mantener el cobro preventivo, el administrativo y el judicial al día.
CAPÍTULO III
Expediente Administrativo
Artículo 27.—Responsable de su confección: La persona responsable de la confección de los expedientes administrativos de cobro es el Técnico en Gestión de Cobro.
Artículo 28.—Contenido del expediente: El expediente administrativo debe contener la siguiente información:
•    Datos personales del contribuyente nombre dirección exacta números de teléfono, correo electrónico, número de fax
•    Certificación de deuda emitida por el contador municipal
•    Comprobante de los avisos telefónicos, correo electrónico o Fax.
•    Copia de las notificaciones de cobro administrativo realizados.
•    Copia de la certificación literal de bienes que existen a su nombre
•    Certificación del valor del bien inmueble en la base de datos de la Municipalidad.
•    Si el expediente llega hasta cobro extrajudicial el mismo debe contener la copia de esas notificaciones también.
•    Certificación del valor de la propiedad si se traslada el expediente a la etapa ejecutiva.
Artículo 29.—Ubicación y responsable de custodia del expediente: los expedientes estarán ubicados en la oficina del Técnico en Gestión de Cobros y estará bajo su responsabilidad la custodia de los mismos.
CAPÍTULO IV
Otorgamiento y formalización de los arreglos de pago
Artículo 30.—Definición de arreglos de pago. Como tal se entiende el compromiso que asume el sujeto pasivo con la Municipalidad, de cancelar en un tiempo a convenir de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, la cuenta que adeuda. Únicamente procederá el arreglo de pago, cuando el cobro se encuentre en la etapa administrativa o extrajudicial Las personas interesadas en un arreglo, deberán presentar solicitud escrita en el formulario diseñado por la Municipalidad para tales efectos. En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser firmada por el Representante legal o apoderado generalísimo y aportar certificación de la personería.
Artículo 31.—Condiciones para otorgar arreglos de pago: El arreglo de pago se otorgará por parte de la Unidad de Gestión de Cobro, para lo cual ésta valorará las siguientes condiciones del sujeto pasivo:
a.  Monto adeudado. De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán el monto a cancelar mensualmente, el contribuyente debe cancelar al momento de formalizar el arreglo de pago la sexta parte de la deuda, ajustada al cargo. El plazo para la cancelación total de la obligación vencida, será como máximo seis meses; salvo los casos calificados que imposibiliten en el plazo señalado realizar el pago de lo adeudado.
b.  Resolución del arreglo de pago: la Unidad de Gestión de Cobro procederá a dictar una Resolución de Arreglo de Pago, por medio de la cual podrá conceder un plazo mayor, siempre que éste no exceda de doce meses. Esta Resolución Arreglo de Pago, debe ser aprobada por superior inmediato de la Unidad.
c.  Formalización del arreglo de pago: se realizará ante la Unidad de Gestión de Cobro, única competente para realizar esta gestión, mediante la suscripción del documento idóneo que confeccionará dicha Unidad para tales efectos, siempre y cuando el sujeto pasivo haya cumplido con los requisitos que esta Unidad exija para tal gestión. El sujeto pasivo deberá presentar la siguiente documentación:
Completar la información del formulario “Solicitud de Arreglo de Pago” que le entrega la Municipalidad.
Presentar copia de la cédula física o de la cédula jurídica cuando se trate de sociedades; en este último caso, deberán presentar certificación de la personería jurídica, con no más de treinta días de expedida y la comprobación de que se encuentra facultada la persona que se presenta, para realizar el acto.
Copia del estudio de bienes por parte del Registro (si aplica)
Certificación de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además de las anteriores el sujeto pasivo deberá cumplir con las siguientes condiciones:
•    Solicitar arreglo de pago, sobre una obligación vencida.
•    No tener en vigencia un arreglo de pago sobre la misma cuenta.
•    No haber incumplido por más de dos oportunidades con arreglos de pago anteriores.
•    Pagar los gastos administrativos en que se haya incurrido para gestionar el cobro, y en caso de existir, los honorarios del abogado.
•    Dejar en poder de la Municipalidad, todos los documentos que sean presentados para formalizar arreglos de pago, todo conforme lo que esta solicite por medio de la Unidad de Cobros.
Artículo 32.—Incumplimiento en el arreglo de pago. El incumplimiento por parte del sujeto pasivo de una sola de las cuotas del compromiso adquirido, será suficiente para que la Municipalidad considere vencido el plazo otorgado, y proceda a pasar la cuenta a cobro en la vía que corresponda. La persona que teniendo un arreglo de pago lo incumpla, no tendrá derecho a pretender un nuevo arreglo de pago sobre la misma cuenta. Quien manteniendo un arreglo de pago, descuide y ponga en condición morosa el pago regular de sus obligaciones, dejará de inmediato sin efecto el arreglo de pago y será enviada a cobro.
Artículo 33.—Finiquito del arreglo de pago. El convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente, ante el pago total que realice el sujeto pasivo de la obligación vencida, o cuando se haya retrasado en una de sus cuotas el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, vencido dicho plazo, se remitirá inmediatamente el expediente a la etapa de cobro ejecutivo en vía judicial.
Artículo 34.—Suspensión del arreglo de pago: Las personas que tengan un arreglo de pago, y lo hayan cumplido cabalmente de acuerdo con los términos consignados; si llegaran a enfrentar un caso fortuito o de fuerza mayor, que les impida seguir pagando el arreglo en los términos acordados, deberán presentarse ante la Unidad de Gestión de Cobro y demostrar sin lugar a dudas la situación que atraviesan, y haciendo en el acto una solicitud de suspensión del arreglo de pago. Una vez presentada la solicitud, la Unidad de Gestión de Cobro dispondrá de cinco días hábiles para resolver sobre la misma, debiendo la resolución contar con la aprobación del superior inmediato, previo a ser aplicada. Las suspensiones en los arreglos de pago, se darán por un máximo de 30 días, tiempo durante el cual se contabilizarán los intereses y se agregarán a la deuda para recalcularse en el plan de pago.
Artículo 35.—Sobre la documentación relacionada con los arreglos de pago: Toda la documentación que haya sido requerida por la Unidad de Gestión de Cobro para la suscripción del arreglo de pago, así como una copia del documento de respaldo, será agregada al expediente y debidamente foliada, para su conservación. El documento original que respalda el arreglo de pago acordado, será puesto mediante remesa de entrega, en poder del Técnico en gestión de cobros, quien lo mantendrá bajo la adecuada custodia.
Artículo 36.—Inclusión de los arreglos de pago en las certificaciones de pago de tributos municipales: Cuando un contribuyente solicite una certificación de la Contabilidad Municipal, y mantenga un arreglo de pago sobre su morosidad, deberá indicarse en la certificación la existencia del arreglo y su condición de si está al día o no.
CAPÍTULO V
De las tasas y tarifas e impuestos
Artículo 37.—Servicios, tributos, e impuestos Municipales Sujetos a Cobro. Los impuestos y tributos sujetos a cobro son todos los establecidos de Ley de competencia municipal. Los servicios municipales sujetos a cobro son: recolección de residuos sólidos, tratamiento de residuos sólidos, aseo de vías, derecho de cementerio, mantenimiento de cementerio, mantenimiento de parque, alquiler de mercado y cualquier otro que la municipalidad brinde. Además, certificaciones del registro público, y las omisiones de los dueños sobre el mantenimiento de la propiedad como limpieza de lotes, u otros establecidos en el artículo 75 del código municipal.
Artículo 38.—Definición y Actualización de las Tarifas: Por los servicios que preste, la Municipalidad cobrará tasas y precios que se ajustarán anualmente, se fijarán tomando en consideración el costo efectivo o costo proyectado más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, una vez fijados, entrarán en vigencia a partir de su publicación en “La Gaceta”. Todo esto conforme lo establece el artículo 74 del Código Municipal.
Artículo 39.—Responsable de Actualización de las Tarifas: ésta actividad corresponde a la Hacienda Municipal o a quien ésta designe, por cuanto disponen de la información para estimar el costo efectivo y por no causar conflicto de intereses con el personal de la Administración Tributaria en la actualización de los montos.
CAPÍTULO VI
Estrategia de Cobro e Incentivos
Artículo 40.—Estrategia de Cobro: El coordinador Tributario en coordinación con encargado de rentas, el Técnico de gestión de cobros y el Gestor de cobros establecerán anualmente la estrategia de cobro orientada a promover el pronto pago en los contribuyentes. La estrategia debe contemplar: política de incentivos para el pago por adelantado de los servicios y tributos municipales, acciones de información a desarrollar sobre las fechas de cobro, forma y calendario de ejecución de los avisos de cobro administrativo.
Artículo 41.—Calendarización de las acciones: El coordinador Tributario en coordinación con el Encargado de Rentas El Técnico de Gestión de Cobros y el Gestor de cobros, establecerá un calendario anual con las fechas en que se estará ejecutando cada una de las etapas contenidas en la estrategia de cobro y coordinará con los puestos de trabajo que tienen participación en la vinculación de las acciones como notificaciones, plataforma de servicios y otras que puedan requerirse.
Artículo 42.—De los incentivos: El Coordinador tributario someterá a consideración del Concejo Municipal los incentivos a promover para el pago oportuno entre los contribuyentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código Municipal.
Tanto los ingresos esperados producto del incentivo como los egresos necesarios para publicitarlos deben estar contemplados en el Plan Operativo Anual y Presupuesto Municipal del periodo correspondiente.
Artículo 43.—De la divulgación de la estrategia de cobro: El Coordinador tributario en coordinación con el personal de cobros definirá las formas y medios de divulgar en los contribuyentes la estrategia de cobro anual a aplicar por parte de la Municipalidad.
Artículo 44.—Seguimiento al cumplimiento de la estrategia. Es responsabilidad del Coordinador tributario, el seguimiento al cumplimiento de la estrategia de cobro por parte de los funcionarios e informar de sus resultados a la Alcaldía.
CAPÍTULO VII
Contratación de los Abogados Externos o Empresa de Cobros
Artículo 45.—De la Licitación: El encargado de proveeduría deberá incluir como un anexo en el cartel de licitación para la contratación de los abogados externos el capítulo VII de éste reglamento, para que sea parte de las funciones solicitadas a los abogados a contratar.
Artículo 46.—De la designación. Los abogados externos o Empresa de Cobros serán designados en virtud de concurso externo que realizará la Municipalidad para su contratación, en cumplimiento de la normativa que establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, para la contratación de este tipo de servicios. El número de abogados externos o Empresa de Cobro a Contratar dependerá de la cartera de sujetos pasivos que será remitida a la etapa ejecutiva y será determinado por el Coordinador Tributario de la Municipalidad. Asimismo, corresponde a éste, analizar a los participantes en el concurso de antecedentes y realizar la evaluación Técnica respectiva. La unidad de proveeduría se encargará de realizar el proceso de licitación, la dirección jurídica realiza la evaluación legal de los concursantes al proceso, para efectos de determinar quiénes serán los profesionales que serán contratados por la Municipalidad. Los abogados o empresas a contratar deberán ser aprobados por el Concejo Municipal en una de sus sesiones, El contrato final de los profesionales lo hará el Alcalde con base a los participantes a la licitación teniendo presente la recomendación y aprobaciones requeridas.
Artículo 47.—Formalización de la contratación: Los oferentes elegidos firmarán un contrato con la Municipalidad, así como cualquier otro documento que requiera la Institución, necesario para la prestación eficiente de estos servicios, y para cumplir con las normas que regulan este tipo de contratación.
Artículo 48.—No sujeción a plazo. La contratación no estará sujeta a cumplir con un plazo determinado, sino que dependerá del plazo que dure la tramitación del proceso o procesos judiciales asignados al abogado. Sin embargo, corresponderá a la Unidad de Cobro, verificar mediante los informes u otros medios, que los procesos judiciales están activos; de lo contrario, se aplicarán las sanciones que regula este Reglamento contra el abogado que incumpla con esta obligación. El abogado tendrá un periodo de treinta días hábiles para presentar un informe con la copia de cada expediente presentado al juzgado. Esto lo debe indicar el cartel licitatorio dentro de los Términos de Referencia.
Artículo 49.—De las obligaciones de los abogados externos o Empresa de Cobros: Los abogados externos o Empresa de Cobros contratados por la Municipalidad para la etapa ejecutiva Judicial, estarán obligados a:
a.  Realizar el cobro Extrajudicial.
b.  Preparar el poder especial judicial según corresponda.
c.  Excusarse de asumir la dirección de un proceso cuando se encuentre en alguna de las causas de impedimento, recusación o excusa, establecidas en los artículos 49, siguientes y concordantes del Código Procesal Civil.
d.  Presentar, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo del expediente completo, según los antecedentes indicados éste Reglamento, el proceso judicial respectivo ante la Autoridad Jurisdiccional correspondiente, y remitir dentro del plazo de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo citado, copia de la demanda con la constancia de presentación a la Autoridad Jurisdiccional respectiva. De incumplir el plazo indicado, al presentar la copia respectiva, deberá adjuntar nota justificando los motivos de su incumplimiento.
e.  Presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada mes, un informe a la Unidad de Cobro, sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo. Ese informe deberá incluir lo siguiente:
e.1       Fecha de notificación del arreglo extrajudicial enviado por la unidad de cobro municipal (si lo hay) y firmadas por el abogado.
e.2       Fecha de presentación de la demanda.
e.3       Fecha de traslado de la demanda.
e.4       Fecha de notificación de la demanda al deudor. En caso de que no se pueda notificar indicar las razones.
e.5       Nombre del deudor.
e.6       Despacho judicial que atiende la causa.
e.7       Número de expediente judicial.
e.8       Estado actual del proceso.
e.9       Recomendaciones.
e.10     Cobrar directamente al sujeto pasivo los honorarios del proceso ejecutivo, de conformidad con la tabla de honorarios del Colegio de Abogados de Costa Rica.
f.   Asumir todos los gastos que se presenten por la tramitación del proceso judicial asignado a su dirección.
g.  Ante ausencias de su oficina por plazos mayores a tres días hábiles, deberá indicar a la Oficina de Cobro, el profesional que deja responsable de los procesos judiciales a su cargo.
h.  Realizar estudios de retenciones como mínimo cada tres meses, en los procesos que estén bajo su dirección y solicitar cuando exista sentencia firme, la orden de giro correspondiente, a efectos de lograr el ingreso de dichos dineros a la caja municipal.
i.   Dictada la sentencia respectiva, el abogado externo director del proceso, deberá presentar la liquidación de costas en un plazo no mayor de quince días naturales.
j.   Comunicar por escrito, al día hábil siguiente de la Ejecución de Procesos, el resultado del mismo, a la Oficina de Cobro.
k.  Establecer una oficina en el perímetro de la ciudad de Liberia.
Artículo 50.—Prohibiciones: Se prohíbe a los abogados externos incurrir en lo siguiente:
a.  Realizar ningún tipo de arreglo de pago con el contribuyente
b.  Solicitar por concepto de sus honorarios profesionales una suma mayor a la estipulada en la Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados.
c.  Aceptar realizar acciones judiciales o administrativas contra la Municipalidad.
d.  Recibir pagos o abonos al principal de la deuda.
e.  Contratar a funcionarios municipales o vinculados a éstos hasta primer grado de consanguinidad, para que le apoyen en las labores contratadas por la municipalidad de Liberia Guanacaste.
Artículo 51.—Terminación o suspensión del proceso judicial: Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado, sólo podrá darse por terminado el proceso judicial por el pago total de la suma adeudada a la Municipalidad, incluyendo las costas procesales, personales y cualquier otro gasto generado durante su tramitación o con ocasión del mismo. También podrá darse por terminado en el caso en que se determine fehacientemente o así se declare, la imposibilidad de cobro de la cuenta. O por arreglo de pago siempre y cuando se paguen los honorarios del abogado y además la suma para iniciar el arreglo de pago.
Artículo 52.—Cobro de honorarios profesionales. El cobro de honorarios profesionales lo hará directamente el abogado externo director del proceso, al contribuyente, en caso de que éste pretenda cancelar previo a la terminación del proceso judicial respectivo. Dicho cobro se realizará con base en la Tabla de Honorarios establecida en el Arancel de Profesionales, no mayor del ahí establecido. Los honorarios de los abogados externos correrán a partir del momento de la presentación del expediente en cobro judicial al Juzgado correspondiente.
La Unidad de Gestión de Cobro únicamente podrá recibir la cancelación del monto adeudado por el sujeto pasivo, mediante la presentación de nota del abogado externo director del proceso o comprobante de pago, de que le han sido cancelados de conformidad los honorarios de abogado, y se aportará además copia de la factura emitida por el abogado correspondiente o una copia del recibo bancario del depósito a la cuanta del abogado. Asimismo, no se solicitará dar por terminado el proceso judicial respectivo, hasta tanto la Unidad de Cobro le indique por escrito al abogado externo director del proceso, que se ha recibido de conformidad en las cajas municipales, la totalidad de la obligación vencida adeudada por el sujeto pasivo, sus intereses o recargos, o que la cuenta se traslado a un arreglo de pago.
Artículo 53.—Condonación de honorarios. Procederá únicamente la condonación de los honorarios profesionales cuando así lo haya determinado el abogado director del proceso, el cual lo hará constar mediante nota dirigida a la Unidad de Gestión de Cobro.
Artículo 54.—Pago de honorarios de abogado por parte de la Municipalidad: Únicamente procederá el pago de los honorarios de abogado directamente de la Municipalidad, cuando de Oficio la Municipalidad decida disolver el trámite legal existente y el abogado demuestre que dicho expediente cuenta con un número en la vía judicial.
Artículo 55.—Disolución automática del contrato de servicios profesionales: Se disolverá automáticamente el contrato por servicios profesionales cuando se den las siguientes causales:
a.  El abogado externo realice cualquier acción judicial o administrativa contra la Municipalidad.
b.  Cuando por negligencia o irresponsabilidad demostrada en el juicio, perjudique los intereses de esta Municipalidad.
Artículo 56.—No remisión de expedientes de cobro judicial: No se remitirán más expedientes de cobro judicial al abogado externo o Empresa de Cobros que incurra en las siguientes causales:
a.  A los abogados o empresa de cobros que incumplan con su obligación de presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada mes, un informe a la Oficina de Gestión de Cobro, sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo.
b.  Incumplir con su obligación de remitir copia de la demanda con su constancia de presentación ante la Autoridad Jurisdiccional respectiva, dentro del plazo indicado en el inciso d) del artículo 49 de este Reglamento.
c.  Cuando habiendo acaecido la Ejecución de Procesos, no comunique sobre el resultado del mismo a la Unidad de Gestión de Cobro, dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que el mismo se efectuó.
Artículo 57.—Otras sanciones. La Municipalidad podrá realizar los trámites administrativos y judiciales respectivos contra el profesional en derecho o empresa de cobros, en aquellos casos en que se demuestre negligencia o impericia en la tramitación judicial de las obligaciones vencidas. Sanciones que podrán ser administrativas, disciplinarias o indemnizatorias.
Artículo 58.—De la contratación: Los abogados externos que por alguna razón personal o profesional, quieran dejar de servir a la Municipalidad, deberán de comunicar esa decisión expresamente y por escrito a la Alcaldía Municipal, con treinta días hábiles de antelación, nota de la cual la alcaldía remitirá una copia a la Administración Tributaria.
Artículo 59.—Obligaciones de los abogados externos o empresa de cobros al finalizar la contratación: Al finalizar por cualquier motivo la contratación de servicios profesionales, el abogado externo o empresa de cobros respectivo, deberá remitir la totalidad de los expedientes judiciales a la Unidad de gestión de Cobro en un plazo que no exceda los tres días hábiles, acompañado con un informe del estado actual de los mismos, y el documento respectivo de renuncia de la dirección del proceso, para que sea presentado por el nuevo abogado externo que continuará con la dirección del mismo. La Unidad de Gestión Cobro, deberá haber remitido el o los expedientes al nuevo director del proceso, en un plazo no mayor de quince días hábiles posteriores a la recepción de los mismos por parte del anterior director del proceso.
CAPÍTULO VIII
De los Remates
Artículo 60.—Los Remates: A fin de proteger al máximo los intereses de la Municipalidad, se fija el siguiente procedimiento para la acción:
a)  La administración tributaria en coordinación con la Alcaldía, definirá un presupuesto anual para enfrentar casos de remate sin compradores, o casos en que exista interés de la Municipalidad de adquirir el bien inmueble puesto a remate. El monto de dicho fondo deberá estar contemplado en el Plan Operativo Anual-Presupuesto Municipal.
b)  En caso de que no se visualicen compradores potenciales en el remate de un bien y no se disponga de un fondo municipal suficiente para la compra del mismo, el Coordinador Tributario podrá decidir no ir a remate como medida de cautela, sin embargo, dictará las instrucciones correspondientes para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta y se anote el gravamen sobre dicho bien en el Registro de la Propiedad.
Artículo 61.—El abogado está obligado a cotejar el edicto antes y después de su publicación en el Boletín Judicial, con los documentos que fundamentan la demanda y será responsable ante la Municipalidad, de cualquier perjuicio que por error al respecto pudiera causar su omisión.
Artículo 62.—El día hábil siguiente al remate, el abogado deberá de informar por escrito a la Unidad de Cobros, el resultado del remate.
CAPÍTULO IX
Transparencia y rendición de cuentas
Artículo 63.—Todo funcionario municipal, miembro del Concejo Municipal o quien ocupe el puesto de la Alcaldía deberá mantenerse al día en sus obligaciones tributarias y cualquier otra que corresponda, con la Municipalidad a fin de garantizar las buenas prácticas y conducta sana como contribuyente.
Artículo 64.—Elaboración de Informe Anual de la Coordinación Tributaria a la Alcaldía: este informe será elaborado por el Coordinador Tributario y contendrá:
•    Estrategia General de cobro de los servicios y tributos ejecutada en el año
•    Consolidado por servicios, impuestos, y tributos del monto puesto al cobro, el monto recaudado y el saldo moroso.
Artículo 65.—Elaboración y Presentación del Informe Anual por parte de la Alcaldía Municipal: este informe deberá ser presentado a nivel interno y externo municipal de acuerdo a los medios que se establezcan para este fin y deberá contener además de los aspectos mencionados en el artículo 65 los siguientes:
•    Inversiones a realizadas contempladas en el Plan Operativo Anual-Institucional producto de los ingresos recaudados.
•    Cualquier otro aspecto considerado de interés municipal y relacionado con el tema.
CAPÍTULO XI
Disposiciones finales
Artículo 66.—A las materias que son objeto del presente Reglamento, resultan aplicables las disposiciones contenidas sobre las mismas en: el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el Código Municipal, el Código Procesal Civil, la Ley General de Administración Pública, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, Código Procesal Contencioso Administrativo y Formas Conexas, Ley y Reglamento de Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley de Cobro Judicial, Ley de Notificaciones y el Decreto de Aranceles Profesionales para Abogados, así como cualquier otra norma que guarde relación con este Reglamento..
Artículo 67.—El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y deroga cualquier disposición anterior que se oponga.
Liberia, 15 de diciembre del 2011.—Karla Ortiz Ruiz, Secretaria del Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2011098317).
MUNICIPALIDAD DE BAGACES
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Bagaces, acordó en sesión ordinaria número setenta y seis, celebrada el día 13 de diciembre del 2011, publicar del nuevo Reglamento para regular el pago de alimentación, transporte y hospedaje, dentro del Cantón, así como otras localidades dentro y fuera del país de los Regidores y Regidoras, Síndicos y Síndicas Propietarios y Suplentes de la Municipalidad de Bagaces, para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.
Entrará a regir 30 días después de su publicación.
REGLAMENTO PARA REGULAR EL PAGO DE
ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE,
DENTRO DEL CANTON, ASÍ COMO OTRAS
LOCALIDADES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS,
DE LOS REGIDORES, REGIDORAS, SÍNDICOS
Y SÍNDICAS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES
DE LA MUNICIPALIDAD DE BAGACES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Este Reglamento establece los procedimientos generales a que deberán someterse las erogaciones municipales que por concepto de viáticos deban ser cubiertos, sujetándose los mismos a la adecuación de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Gastos de viaje y de transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República en aplicación del artículo 30 párrafo segundo del Código Municipal.
Artículo 2°—Concepto. Por viáticos se entenderá aquella suma destinada a la atención de gastos de transporte, alimentación u hospedaje que la Municipalidad de Bagaces, reconocerá a los Regidores, Regidoras, Síndicos y Síndicas, propietarios y suplentes, que en cumplimiento de sus funciones deban desplazarse, dentro o fuera del territorio nacional.
Artículo 3°—Sujetos beneficiarios. Los gastos a que se refiere este Reglamento únicamente serán cubiertos a los Regidores, Regidoras, Síndicos y Síndicas, propietarios y suplentes, en cuanto a la lejanía de su residencia, siempre y cuando se presenten dentro de los quince minutos después de la hora fijada para el inicio de la sesión y que no se retiren antes de finalizada la misma, excepto por enfermedad, caso fortuito o fuerza mayor. El pago correspondiente a dichos gastos se realizará con el comprobante de asistencia a cada sesión que registre la Secretaría del Concejo Municipal. Respecto de los gastos que les deban ser cubiertos al desplazarse dentro o fuera del territorio, que no sea dentro del cantón de Bagaces, se estará a lo establecido en el artículo 9° siguiente.
Artículo 4º—Autorización. Corresponde al alcalde autorizar el pago de viáticos y transportes conforme a este reglamento.
Artículo 5º—Gastos de Transporte. Punto de lejanía. Que los gastos de transporte a que se refiere el artículo 3° anterior, en cuanto a la lejanía del lugar de residencia, se reconocerán a una distancia no menor de cinco kilómetros desde la sede municipal.
Artículo 6º—Gastos de alimentación. La Municipalidad reconocerá gastos por concepto de alimentación correspondientes al desayuno, almuerzo o cena, según sea el caso de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Viáticos de la Contraloría General de la República.
CAPÍTULO II
Del pago de viáticos a Regidores y Síndicos Municipales
Artículo 7º—Gastos de transporte. Una vez terminadas las Sesiones Municipales, Ordinarias y Extraordinarias, se reconocerá la utilización del servicio de taxi, siempre y cuando no exista facilidad de traslado por concepto de servicio de buses, conforme a los siguientes montos:
a)  Hacia Montenegro la suma de seis mil colones exactos.
b)  Hacia Fortuna la suma de once mil colones exactos.
c)  Hacia Guayabo la suma de doce mil colones exactos.
d)  Hacia Río Naranjo la suma de diecinueve mil colones exactos.
Los montos anteriores tendrán un incremento del 10% anual, siempre partiendo respecto de cada una de las sumas aquí señaladas para cada localidad.
Artículo 8º—Gastos de alimentación. Los gastos de alimentación se concederán de acuerdo a los siguientes parámetros:
a)  Desayuno: Se reconocerá la suma de tres mil colones exactos cuando las sesiones municipales, ordinarias o extraordinarias se inicien antes de, o, a las siete horas y terminen a las diez horas.
b)  Almuerzo: Se reconocerá la suma de cuatro mil ochocientos colones exactos cuando las sesiones municipales, ordinarias o extraordinarias se inicien antes de, o, a las once horas y terminen después de las catorce horas.
c)  Cena: Se reconocerá la suma de cuatro mil ochocientos colones exactos cuando las sesiones municipales, ordinarias o extraordinarias se inicien antes de, o, a las dieciocho horas y terminen después de las veinte horas.
Artículo 9º—Viáticos fuera del cantón. Cuando algún regidor, regidora, síndico o síndica municipal, propietario o suplente, sea nombrado(a) por acuerdo municipal, para atender asuntos propios de su investidura y ello implique un desplazamiento fuera del cantón de Bagaces, el Concejo Municipal o Presidente del Concejo Municipal, autorizará el pago de viáticos con sustento en lo dispuesto por la Contraloría General de la República al respecto y a este Reglamento. Estos viáticos se tramitarán por adelantado y la Secretaria del Concejo hará la solicitud y transcribirá el acuerdo correspondiente a efecto de que el Señor Alcalde proceda.
Artículo 10.—Pago de viáticos. El pago de los viáticos lo hará la administración los días cinco de cada mes, para lo cual la respectiva liquidación deberá de presentarse por lo menos con dos días de anticipación a dicha fecha, caso contrario, se pagarán el mes siguiente.
Artículo 12.—Extemporaneidad. La solicitud del pago de viáticos referidos en este Reglamento que se presenten después de quince días naturales, se considerará extemporánea, por lo que no se cancelarán, excepto por razón de caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo 13.—Transitorio. Este reglamento deroga en su totalidad cualquier otro que regulaba el pago de alimentación, transporte y hospedaje, dentro del cantón de Bagaces, así como otras localidades dentro y fuera del país, a los Regidores, Regidoras, Síndicos y Sindicas, propietarios y suplentes de la Municipalidad de Bagaces.
Artículo 14.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Angie Rojas Briceño, Secretaria del Concejo Municipal a. í.—1 vez.—(IN2011099850).
MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO
Acuerdo tomado por el Concejo Municipal del cantón de Guácimo, mediante sesión ordinaria N° 42-11, celebrada el 18 octubre del 2011, dice:
8.  Se puso a despacho oficio DLD-125-11, de fecha 18-10-11, girado por Lic. Danny Argüello Morales, -Asesor Jurídico- UTAMA CAPROBA, el cual hace remisión propuesta de Modificación del Comité Cantonal de Deportes de Guácimo.
Conocido criterio legal, se acuerda:
El Concejo Municipal de Guácimo, conforme a las competencias legales atribuidas en el artículo 13, inciso c), 165 y 169 del Código Municipal, acuerda modificar el contenido de los artículos 3, 4 y 14, del Reglamento para el Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes, para que de ahora en adelante, se lean así:
“Artículo 3º—Los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación serán juramentados por la Corporación Municipal del Cantón de Guácimo, Limón”.
Artículo 4º—El domicilio legal del Comité Cantonal será el cantón de Guácimo”,
“Artículo 14.—La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros, de la siguiente forma:
a)  Dos de nombramiento del Concejo Municipal.
b)  Dos de nombramiento de las ternas de las organizaciones deportivas, recreativas del cantón.
c)  Uno de nombramiento de las organizaciones comunales del cantón.
Un mes antes del vencimiento del período correspondiente del Comité Cantonal, dicho Comité, verificará la convocatoria de dichas organizaciones para que se reúnan a proponer sus candidatos; ocho días antes del periodo de vencimiento del plazo, la Municipalidad, recibidas las respectivas ternas, por mayoría simple de los miembros del Concejo Municipal, mediante acuerdo realizará los nombramientos respectivos.
Las convocatorias de las organizaciones, la realizará la Secretaría del Comité de Deportes, debiendo comunicar el cumplimiento de dicha obligación ante el Concejo Municipal de Guácimo, dentro del plazo de un mes, mencionado en el párrafo anterior; en caso de incumplimiento, las convocatorias las realizará a la brevedad posible, por acuerdo del Concejo Municipal, la Presidencia del Concejo conjuntamente con la Presidencia del Comité Cantonal de Deportes.
Acuerdo N° diez, aprobado unánimemente acuerdo en firme.
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Gerardo Fuente González, Alcalde Municipal.—1 vez.—(IN2011094962).

 

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

El Concejo Municipal del cantón de Goicoechea en Sesión Ordinaria N° 50-11, celebrada el día 13 de diciembre de 2011, artículo 4°, por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra) y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra), aprobó dictamen N° 79-2011 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se aprueban las tasas de Servicios Públicos que seguidamente se indican:
SERVICIO
TASA PROPUESTA TRIMESTRAL
POR METRO LINEAL
Aseo de Vías
459,00
Recolección de Basura
Residencial-Público
676,00
Mixto
1.183,00
Comercial e Industrial
1.690,00
Basura especial por Estañón
4.560,79
Alcantarillado Pluvial
125,00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
Guadalupe
28,63
San Francisco
30,08
Calle Blancos
48,02
Mata de Plátano
68,55
Ipís
53,61
Purral
42,76
El aumento de tasas regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, según artículo 74 del Código Municipal.
Departamento de Secretaría.—Zahyra Artavia Blanco, Jefa.—1 vez.—(IN2011098922).

MUNICIPALIDAD DE POÁS

La Municipalidad del cantón de Poás avisa:
Descuento del 8% Impuesto
Patentes antes del 31 marzo 2012
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal, Roxana Chinchilla Fallas, hace constar que en la Sesión Ordinaria N° 85 celebrada el 13 de diciembre 2011, el Concejo Municipal de Poás, tomó el Acuerdo N° 6630-12-2011 en forma unánime y definitivamente aprobado, aprobar un descuento por pronto pago de un 8% a los contribuyentes que cancelen por adelantado el Impuesto de Patentes de todo el año, antes del 31 de marzo del 2012, (primer trimestre del 2012). Esto de conformidad con artículo 6 del Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Poás publicado el 23 de marzo del 2006.
Descuento 8% Impuesto Bienes Inmuebles
antes del 31 marzo 2012
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal, Roxana Chinchilla Fallas, hace constar que en la Sesión Ordinaria N° 85 celebrada el 13 de diciembre 2011, el Concejo Municipal de Poás, tomó el Acuerdo N° 6631-12-2011 en forma unánime y definitivamente aprobado, aprobar un descuento por pronto pago de un 8% a los contribuyentes que cancelen por adelantado el Impuesto de Bienes Inmuebles de todo el año, antes del 31 de marzo del 2012 (primer trimestre del 2012). Esto de conformidad con el artículo 69 del Código Municipal, y el artículo 25 de la Ley de Bienes Inmuebles.
San Pedro de Poás, 14 de diciembre del 2011.—Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2011099038).