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Junta interventora de Judesur confronta al gobierno (16/08/2016)

Junta interventora de Judesur confronta al gobierno

Para traerse abajo nueva ley

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, envió una carta a Manuel Herrera, presidente de la junta interventora, reprobando las acciones tomadas

El gobierno confió la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) en cinco miembros desde octubre de 2014, con el fin de erradicar anomalías en la gestión administrativa.

Hoy en quienes confió la Presidencia de la República se apartan de su lineamiento y tratan de traerse abajo la nueva ley con que pretenden normar Judesur.

La junta interventora presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo alegando daños y perjuicios para la institución con la nueva normativa, solicitando una indemnización por ¢7 mil millones, y además recurrieron a la Sala Constitucional.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, envió una carta -fechada 10 de agosto de 2016- al presidente de la Junta, Manuel Alberto Herrera, enfatizando la desaprobación de las acciones tomadas, contrarias en su criterio al objetivo de la intervención que recomendó el Consejo de Gobierno.

“Con preocupación ha recibido el Poder Ejecutivo la noticia de que usted, en nombre de la junta directiva de Judesur, presentó los procesos judiciales en contra de varios artículos de la nueva Ley Orgánica de Judesur (…) junto con la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos del texto sin ningún fundamento (…)

Debo dejar absolutamente claro que estas acciones no cuentan ni han tenido el aval de la Presidencia de la República o algún ministerio del Gobierno y son absolutamente contrarias a lo que desde el Poder Ejecutivo pretende con esta nueva ley, razón por la cual le manifiesto mi absoluto rechazo”, detalla en la misiva.

DIARIO EXTRA conversó con el director ejecutivo Carlos Murillo, quien aseguró no echarán atrás las acciones, pues la nueva legislación sometería a la institución a un “cierre técnico”.

La anterior ley establecía un 8% del presupuesto para gastos administrativos, separando los ingresos por el impuesto que pagan los concesionarios, y el otro ingreso por concepto de parqueo, alquileres, por ejemplo.

Pero la nueva ley “mete en un solo canasto los ingresos tributarios y no tributarios, hay una combinación complicada porque ya no es un 18%, baja a un 14%, y en el segundo a un 12%, a un 10% en el tercer raño, y asigna un 15% a la administración total”.

Murillo asegura que advirtieron al gobierno y la Asamblea Legislativa de esta situación pero nunca fueron escuchados.

Insiste en que tienen “la fundamentación legítima en poder defender la institución del cierre técnico definitivo”.

Asimismo rechazó que la junta renuncie a los puestos, como se les solicitó en una manifestación la semana pasada, pero afirma que dejarán los cargos cuando el Poder Ejecutivo establezca el nombramiento de una nueva, como lo establece vía decreto.

PERIODISTA: Jacqueline Solano

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Martes 16 Agosto, 2016

 

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