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Vecinos de Golfito exigen renuncia de junta interventora de Judesur (13/08/2016)

Vecinos de Golfito exigen renuncia de junta interventora de Judesur

Aseguran que es un secuestro de la institución

Ciudadanos están chivas con demanda que presentó la junta interventora contra el Estado

Con pancartas decenas de vecinos de Golfito, y trabajadores del Depósito Libre, se manifestaron en contra de la junta interventora de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur)

“Señores junta interventora no jueguen con el futuro del Depósito, queremos trabajar en paz y armonía, ¡renuncien! (…)   Ustedes de la junta gastaron ₡290 millones en presentar una demanda que nos perjudica, con dineros de toda la Zona Sur”, fueron parte de los mensajes con los que protestaron.

Los ciudadanos reaccionaron de esa forma al conocer que los miembros de la junta presentaron una demanda contra el Estado por ₡7 mil millones, por supuestos daños y perjuicios derivados de la nueva Ley de Judesur.

Según critican, el presidente Luis Guillermo Solís, nombró a cinco personas a dedo, generando un secuestro en la institución, por lo que les exigen la renuncia.

El diputado socialcristiano Gerardo Vargas, alertó sobre la demanda, y también exigió al Gobierno destituir la Junta Interventora, que asegura lo que buscan es mantenerse en los puestos.

“Cabe recordar que, en la actualidad, la junta interventora es un órgano ad hoc, creado a imagen y semejanza del Poder Ejecutivo para que administre Judesur luego de haber suspendido -ilegalmente en nuestro criterio- a los titulares de la junta ordinaria que tenía representación de municipalidades y otros organismos en la Zona Sur. En esa condición los actuales miembros de la junta representan exclusivamente al Poder Ejecutivo (…) Nunca antes, un representante del Presidente había actuado en contra del Estado costarricense de la forma en la que estos señores han actuado ahora”, sostiene el legislador.

El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, fue cuestionado sobre el tema esta semana durante su audiencia en el plenario legislativo, en el que externó, que “el Gobierno comparte la preocupación de que se hayan presentado estas acciones judiciales”, las que sostiene no tienen asidero legal.

Al mismo tiempo manifestó que “las intervenciones no pueden ser eternas y el Gobierno está convencido de eso”, justificando que se extendió el plazo de la intervención mientras entraba en vigencia la nueva ley, para no generar una ingobernabilidad.

El Ministerio de la Presidencia, informó que ya se publicó el reglamento para elegir a los nuevos integrantes, por lo que ahora arrancará el proceso de elección.

PERIODISTA: Jacqueline Solano

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Sábado 13 Agosto, 2016

Directivos que demandaron al Estado deberán salir de Judesur

Actualizado el 15 de agosto de 2016 a las 12:00 am

Involucrados impugnan ley que redujo impuesto en Depósito de Golfito

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El gobierno de Luis Guillermo Solís se apura a sustituir a los cinco directivos de Judesur que demandaron al Estado, en reclamo de una indemnización de ¢7.000 millones en favor de la institución que dirigen.

Se trata de la Junta Interventora que el propio Solís colocó a la cabeza de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), en octubre del 2014.

El miércoles 10 de agosto, el Ejecutivo publicó el Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la Judesur en el diario oficial La Gaceta, con lo que se abre el camino para nombrar a nuevos directivos.

El presidente Solís firmó el reglamento dos días después de que la prensa revelara que sus interventores demandaron al Estado, por considerar que la nueva Ley Orgánica de Judesur (9356), aprobada por los diputados y avalada por el mandatario el 13 de junio anterior, lesiona los ingresos de esa institución semiautónoma.

Ese texto reduce el impuesto único que pesa sobre los productos a la venta en el Depósito Libre Comercial de Golfito, fuente de financiamiento de Judesur.

Con el objetivo de mejorar la competitividad del Depósito, la iniciativa rebaja el tributo del 18% a un 14% en el primer año de vigencia, a un 12% en el segundo, y a un 10% en el tercero.

La ley cambia la distribución del dinero que se recauda con el impuesto. Sube de un 8% hasta un 15% el porcentaje para la operación de Judesur.

El apartado para becas estudiantiles no varía, queda en un 10%, mientras que se crea un nuevo aporte del 10% para el mercadeo, equipamiento y renovación del Depósito.

Por último, pasa de un 82% a un 65% el porcentaje para proyectos de desarrollo en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.

Sin apoyo. A pesar de que la demanda tiene la firma de los interventores nombrados por el Gobierno, para el saneamiento de la Judesur, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, negó apoyar la demanda y más bien considera que no tiene ningún sustento legal.

El 10 de agosto, Alfaro escribió una nota a Manuel Herrera Mutis, presidente de Judesur, en los siguientes términos: “Estas acciones (de Judesur) son absolutamente contrarias a lo que, desde el Poder Ejecutivo, se pretende con esta nueva ley, razón por la cual le manifiesto mi absoluto rechazo”.

Consultado por La Nación, el ministro dijo que la demanda parece tener poco o nulo asidero.

“No entendemos por qué ir al (Juzgado) Contencioso-Administrativo por una demanda particular. La única explicación que podemos encontrar la vemos en la acción de inconstitucionalidad, que necesita como requisito que haya un juicio previo; por eso la pusieron”, adujo Sergio Alfaro.

El 8 de agosto, tres semanas después de presentar la demanda (el 19 de julio), los directores de Judesur presentaron una acción en la Sala IV contra la forma en que los diputados modificaron el reparto de recursos del Depósito.

Allí, impugnan varios artículos de la Ley N.° 9356 en materia financiera y otros supuestos vicios en la normativa.

Herrera alegó que solo la reducción del impuesto, en el primer año, “significa, en términos reales, un 22% de disminución en este rubro de ingresos (¢1.100 millones solo para el primer año)”.

Agregó que el segundo año conlleva una caída del 33% (unos ¢1.650 millones) y que el tercero, un 44% (¢2.200 millones).

“Esta nueva ley 9356 no permite y pone en peligro el financiamiento de programas sociales (becas y proyectos de desarrollo) que ejecuta actualmente Judesur y no permitirá la construcción de los 14 locales en el Depósito Libre Comercial de Golfito que se quemaron hace 15 y 6 años, respectivamente”, dijo Herrera Mutis vía correo electrónico, la única vía que aceptó para evacuarle consultas de La Nación.

Alega prudencia. Cuestionado en el Congreso por el diputado puntarenense de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, el ministro aseguró que no es posible que el Gobierno pueda quitar a los cinco interventores de golpe, pues no tendría sentido nombrar a alguien para las ocho semanas que dure el proceso de cambio de la Junta.

“No seré yo quien aparezca doblando brazos a las personas que toman decisiones bajo su propia responsabilidad.

” Ya está en marcha el proceso para sustituirlos, que será cuestión de semanas y, una vez conformada la Junta, se dará un mes para el proceso de transición y que los actuales miembros hagan su rendición de cuentas”, replicó el ministro.

Con la vieja ley, creadora del Depósito Libre Comercial de Golfito y de la Judesur, este órgano tenía nueve directores. Con la nueva normativa, tendrá dos más, o sea 11.

El presidente de la Junta Interventora de Judesur insistió en que la demanda tiene sustento legal y técnico, no solo porque la ley les permite ir al contencioso, sino también porque la consideran lesiva para Judesur.

Manuel Herrera Mutis, de la junta interventora de Judesur: ‘Los recursos no dan para la operación’

Actualizado el 15 de octubre de 2016 a las 12:00 am

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El expresidente del grupo interventor (nombrado por el Gobierno) de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), Manuel Herrera Mutis, afirma que esa entidad está en un punto crítico, poniendo en riesgo la operación del Depósito Libre de Golfito, motor económico de los cinco cantones al sur del país: Corredores, Coto Brus, Golfito, Buenos Aires y Osa. El ahora exfuncionario, separado del cargo el 27 de setiembre, dice que esto tiene que ver con la aplicación de la nueva ley de Judesur, que entró en vigencia en junio pasado. Herrera habló con La Nación sobre lo sucedido y sobre lo que prevé, sucederá con la Junta.

RAFAEL PACHECO

¿Por qué se insiste en que Judesur entró en cierre técnico y que es insostenible?

Nosotros, con base en las proyecciones que hicimos, con los porcentajes de distribución de la ley 9356, hicimos escenarios desde los más optimistas al más pesimista, y definitivamente, el 15% de los ingresos que le asigna la ley a Judesur para gastos operativos, no alcanza. No es que se cierra con candado, simplemente, entra en cierre técnico, y se opera de forma ilegal. Con el 15% (para gastos) no da para la operación, entra en cierre técnico porque los ingresos no cubren los gastos.

Pero estamos hablando de gastos operativos y administrativos, nada más.

Únicamente, que es lo que la ley le da por el 15% para remuneraciones, servicios (agua, luz, teléfono) materiales, suministros, combustibles, lubricantes y requerimientos de oficina, que no se pueden recortar.

¿Qué pasa con el proceso que llevaban ustedes ahora que el Poder Ejecutivo los quitó?

En un país de derecho, no hay antecedentes de una intervención como esta que se hizo. No hay un manual, hay procesos que no se han terminado, que quedaron pendientes.

¿Como cuáles?

Como los procesos administrativos en contra de siete funcionarios, suspendidos y con goce de salario. Ahora dependerá de la nueva junta si los continúa o no. Nosotros dejamos denuncias en cuatro fiscalías en la zona sur.

¿Presentados por ustedes?

Sí, contra cuatro alcaldes de la zona sur.

¿Por qué?

Por malversación de fondos, abuso de poder, por incumplimiento de plazos y cabe decir que esas denuncias tienen prueba documental y ofrecimos prueba testimonial en caso de que el fiscal pueda llamar a los testigos ofrecidos por nosotros.

¿Cuáles alcaldes?

Hay que hacer una aclaración, los alcaldes de turno son los representantes legales, eso no quiere decir que el delito funcional sea de ellos, puede ser que el proyecto es viejo (...) pero se trata de los representantes legales de las municipalidades de Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus, por irregularidades que datan desde el 2009 para atrás, con proyectos que nunca liquidaron.

¿Por cuánto dinero?

Unos ¢1.900 millones.

Si tenían tanto trabajo pendiente ¿qué razones les dieron para quitarlos?

Ninguna, simplemente mandaron un notificador a Golfito con un despliegue policial, solo para notificarnos.

¿Hay diálogo entre ustedes y Casa Presidencial?

Ese diálogo se rompió.

Caos administrativo pone en riesgo el Depósito de Golfito

Actualizado el 15 de octubre de 2016 a las 12:00 am

Contraloría archivó presupuesto del año entrante por estar desbalanceado

Para mejorar venta las nuevas reglas permiten comprar casi $4.000 al año

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Golfito, Puntarenas. - Cualquier chofer de bus, taxista, vendedor de lotería o cocinero de soda de la zona sur lo dice abiertamente: el caos en la administración de las diferentes cúpulas de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) en los últimos años pone en peligro la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito.

El panorama es tan crítico que la Contraloría General de la República (CGR) archivó la propuesta de presupuesto para el próximo año, pues se presentó con un balance negativo de ¢1.400 millones.

La situación podría afectar el futuro de al menos 41 proyectos sociales en la zona sur del país.

¿Por qué? A pesar de que el nuevo director ejecutivo de la entidad, Roy Alvarado, trata de dejar el pasado atrás, el funcionario no puede negar que las administraciones anteriores dejaron saldos negativos en la institución.

El hoy expresidente de la Junta Interventora de Judesur, Miguel Herrera, nombrado por el Poder Ejecutivo al inicio de la administración Solís Rivera, achaca la crisis actual a la puesta en vigor de una nueva ley para la administración de la entidad.

Paralelo a la gestión de la Junta Interventora, el Congreso retomó la discusión de un plan de ley para reestructurar Judesur.

La iniciativa, impulsada por los diputados de Liberación Nacional (PLN) Olivier Jiménez y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, fue aprobada en abril de este año, y entró en vigencia en junio.

Tanto Vargas como Jiménez cuestionaron el trabajo de los interventores, y señalaron supuestas irregularidades, por ejemplo, en la entregas de becas. Esto fue desmentido por Herrera.

El Depósito Libre de Golfito subsiste con el impuesto del 14% que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) le cobra a los concesionarios por el alquiler de los locales. (Rafael Pacheco )

La nueva norma entró en vigor en junio pasado y ha supuesto una caída en los ingresos de la entidad de ¢1.100 millones para el segundo semestre de este año.

Así lo aceptó el nuevo director ejecutivo, Roy Alvarado, quien dice que pese a esa situación, tratarán de aumentar los ingresos de Judesur.

El golpe financiero por la nueva ley se reflejó en el plan de gatos que archivó la Contraloría, que presenta un balance negativo por casi ¢1.400 millones.

Herrera se quejó de que el Ejecutivo rompió el proceso de reestructuración iniciado por los interventores, lo cual derivó en que se frenaran los procesos administrativos, y se nombrara una nueva Junta Directiva, que pasó de 9 a 11 miembros, incluidos representantes de los concesionarios.

De hecho, la vocera de la Asociación de Concesionarios del Depósito, Susan Naranjo, indicó que con la nueva legislación se apuesta por una mejora en las condiciones de compra para los visitantes. Citó la rebaja en los precios, gracias a la disminución de un 4% en el impuesto a cada artículo que se expenda.

Otro de los beneficios defendidos por Alvarado y Naranjo, es la posibilidad de que los adolescentes y niños con cédula de menores, también puedan comprar.

El otro gancho es la ruptura del límite de compra, que antes de junio era de casi $2.000, y ahora pasó a cerca de $4.000 anuales.

Con estas disposiciones, y una gestión atropellada para presentar un nuevo presupuesto, Alvarado y la nueva junta tratan de sacar el Depósito adelante.

La exdirectora de la Junta Interventora, Yendry Acevedo, se unión a Herrera en las críticas al Gobierno.

Según dijo, no les permitieron terminar el trabajo por lo que ahora el futuro del Depósito es incierto y se depende de las ventas para sobrevivir.

Una treintena de golfiteños y trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito se manifestaron, el viernes 12 de agosto, contra la actual junta interventora de la Judesur, entidad que administra el Depósito. | CORTESÍA/LA NACIÓN
 

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